Los empresarios catalanes, después de años de silencio ante el desafío separatista, se han organizado para que el independentismo radical no condicione la política catalana. La pasividad del vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, ante los disturbios que se han producido por las calles de Barcelona tras las manifestaciones en favor del rapero Pablo Hasel ha sido la gota que ha colmado el vaso en un contexto de recesión económica por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

Oficialmente, los sectores económicos de la capital catalana piden un "pacto transversal" que englobe también al PSC, pero de puertas adentro, y según ha podido saber Vozpópuli, los empresarios ya presionan para conseguir el "mal menor", que pasa por que En Comú Podem sustituya a la CUP en las alianzas del Parlament.

Los sectores más vinculados al nacionalismo son conscientes de que el veto que ERC ha impuesto a la formación de Salvador Illa se va a mantener y que la única posibilidad es un Ejecutivo ERC-Junts. Pero el mayor problema, a su juicio, está en las presiones que impondrán los anticapitalistas -quienes tienen la llave de una mayoría independentista- para aumentar la confrontación con el Estado y volver a la senda de la desobediencia.

En el acto de este jueves de Foment del Treball y Pimec los empresarios catalanes han apelado a fraguar un Ejecutivo que abandone la "confrontación" y con "sensibilidad económica". Si las alusiones veladas contra la CUP no eran suficientes, las patronales han cerrado filas con los Mossos d'Esquadra.

Esta defensa del cuerpo autonómico por parte de los empresarios viene después de que hayan sufrido el señalamiento no solo por parte de las juventudes del partido anticapitalista sino también por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Y es toda una declaración de intenciones para que ERC se aleje de la ascendencia que la CUP ejerce sobre ellos.

Presidencia del Parlament

Otros sectores más moderados del nacionalismo catalán también coinciden con los empresarios en que la inclusión de la CUP en la ecuación -ya sea en el Ejecutivo o en la Cámara autonómica- puede volver a situar a las instituciones catalanas en un escenario como el de 2017.

Es decir, aprobando leyes de dudosa legalidad o abriendo el frente judicial por llevar en la sede parlamentaria asuntos que contravengan los requerimientos del Tribunal Constitucional.

La propuesta de resolución del martes 2 de marzo presentada por ERC, Junts y la CUP para dar apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament de la anterior legislatura contra la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de querellarse contra el órgano rector por llevar a debate la autodeterminación de Cataluña y la monarquía -asuntos donde no tienen competencia- deja entrever que los tres partidos independentistas no eludirán el choque con las instancias judiciales.

En la resolución reivindicaban la "soberanía" de la Cámara catalana para celebrar debates de diversa índole y se reafirmaban en su posición de "continuar" con esta línea: "El Parlamento de Cataluña constata que ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho de autodeterminación desde el año 1989 y se compromete a continuar haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas de la Cámara".

La negativa de los Comuns de rubricar esta propuesta de resolución se ha visto con buenos ojos desde estos sectores, que ya ven en los de Jéssica Albiach un partido más fiable para la estabilidad de la legislatura que a la CUP. En especial, por la alianza de Podemos con el PSOE en el Gobierno central.

Empresarios y Fondos UE

En juego para los empresarios también están los fondos UE Next Generation que tienen que llegar a España y, en concreto, a Cataluña. Como informó este medio, los círculos económicos hace tiempo que buscan enterrar el procés para no poner en peligro la llegada de estos estímulos económicos.

Estos sectores de los empresarios saben que la reactivación de la economía catalana pasa por acceder a estos fondos. Algunas voces autorizadas, como el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell ya apuntaba en un artículo en La Vanguardia a esa "enfermiza conjunción de vetos mutuos" que atraviesa la política catalana.

El economista apuntaba también a esta posibilidad de que la presidencia del Parlament "fuera de los comunes", y que estos se abstuvieran en la investidura de un Ejecutivo de ERC y Junts. Esta opción serviría para orillar a la CUP de las decisiones importantes que tendrá que afrontar la política catalana.