Los policías forales, fuera de la jubilación anticipada por culpa del gobierno navarro

Los policías forales quedarán fuera de una posible jubilación anticipada de policías locales y autonómicos ya que el nuevo Gobierno navarro no ha remitido la información que ha solicitado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para continuar con el procedimiento que debería terminar con la aprobación de un Real Decreto ley.

Fuentes del Gobierno indicaron a este periódico que el ejecutivo se ha tomado “en serio” esta propuesta, pero quiere llevar el procedimiento con una legalidad escrupulosa. Las mismas fuentes indicaron que se está realizando todo el proceso con la nueva legislación aprobada por el último Gobierno socialista, “que es complicada”.

El Ministerio ha consultado con muchos ayuntamientos para conocer el número de personas que trabajaba en las plantillas municipales y se puso en marcha un sistema informático especial en la Seguridad Social para tratar todos los datos del colectivo. “Hemos hecho un trabajo serio –añadieron- y decenas de funcionarios han destinado muchas horas para conocer la edad, la situación de estos profesionales, las bases de cotización y otros aspectos importantes a la hora de legislar”.

La Inspección deberá comprobar que se trata de un colectivo con un índice de peligrosidad superior a la media.

Las mismas fuentes recordaron que el procedimiento fue iniciado de oficio por el Gobierno y, tras terminar los estudios previstos, ahora faltan los informes de la secretaría de Estado de Empleo y de la Inspección de Trabajo. La Inspección deberá comprobar que se trata de un colectivo con un índice de peligrosidad superior a la media, que es una condición para poder ser incluido en este régimen.

"Del resultado de ese estudio –explican en Empleo- depende que se reconozcan las condiciones y requisitos de penosidad, mortalidad y movilidad que se acreditan como pertinentes a efectos de reconocer a un colectivo el anticipo de su edad ordinaria de jubilación". Una vez estén aprobados estos dos informes “preceptivos e imprescindibles”, el Gobierno puede aprobar el decreto de jubilación “en cinco minutos”, explicaron fuentes del ejecutivo. Los informes pueden tardar semanas, “pero no podemos salirnos del procedimiento”, añadieron. Posteriormente debe ser ‘vistos’ por otros ministerios antes de su aprobación definitiva.

El Ministerio de Trabajo ha querido hacer un trabajo previo “serio” debido a que hay muchos colectivos que están a la espera de que se apruebe esa legislación para lanzar sus peticiones. El Real Decreto establecerá unos coeficientes reductores especiales para los miembros de este colectivo. El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que "en este momento no se puede prejuzgar el procedimiento y se ha de ser riguroso con el mismo, toda vez que hay casi 20 colectivos que han indicado idéntico procedimiento en diversos sectores", según informa Europa Press.

El Real Decreto establecerá unos coeficientes reductores especiales

El Gobierno también ha visto retrasado el procedimiento debido a la petición que hicieron las dos plataformas de que se incluyeran las policías autonómicas de Navarra y Cataluña. La Generalitat sí que envió a Empleo la información necesaria sobre los mossos. Navarra no.

El Ministerio de Empleo habló constantemente con el anterior Gobierno navarro y se envió la información, pero desde que el nuevo ejecutivo está en poder no se ha tenido contestación a las peticiones y no se han volcado los datos necesarios en los ordenadores.

Las dos asociaciones constituidas en los últimos años, Plataforma Social de Policías Locales y Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación, lanzaron ayer un comunicado que señala que el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, les ratificó el compromiso de la ministra Fátima Báñez “para llevar el proceso hasta el final”.

Los responsables de los dos organismos cuyos informes son necesarios para la aprobación final también estuvieron en el encuentro con las dos plataformas en las que están todos los sindicatos. Los dos colectivos trasladaron al secretario de Estado “las expectativas generadas, el nerviosismo y la preocupación a estas alturas de legislatura, por lo que exigen la máxima celeridad”.

Tomás Burgos, según el comunicado, les trasladó su compromiso “para elaborar un procedimiento con la máxima celeridad para que sea una realidad firme y efectiva de obligado cumplimiento esté quien esté al frente de la Administración en el futuro”.