Huelva lidera la caída del paro a nivel nacional. La provincia andaluza consiguió crear en el último mes casi 1.800 nuevos empleos, lo que supone una caída del paro de 2,87% con respecto al mes anterior. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social evidencian un ‘milagro’ que sólo puede explicarse por la campaña de la fresa y la contratación de temporeros: una realidad compleja en la que se dan situaciones de crisis humanitaria al margen de las estadísticas oficiales.

Muchos agricultores se sienten acusados por los problemas asociados a la campaña de la fresa: marginalidad, asentamientos chabolistas, enfrentamientos que acaban en incendios… Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Huelva se muestran sensibles con esta realidad, aunque insisten en que no es representativa de las condiciones en las que trabajan la mayoría de temporeros que cada año confluyen en esta provincia. 

De las alrededor de 100.000 personas que cada año trabajan en las campañas de la fresa, la frambuesa o el arándano, unas 40.000 cuentan con nacionalidad española, 26.000 proceden de rumanía, otras 15.000 tienen origen subsahariano y unas 14.000 son de Marruecos. Todas ellas, mujeres en la mayoría de los casos, desempeñan su labor en condiciones legales, regladas y controladas por las administraciones públicas. 

Temporeros con transporte, vivienda y trabajo legal

“A todo el que llamamos le tenemos que pagar lo que ponga en el convenio, tenemos que darle una vivienda con una reglamentación y luz y agua, y les damos el transporte para venir”, señala a Vozpópuli Manuel Piedra, portavoz de UPA en Huelva y también en la mesa sectorial que a nivel nacional se encarga coordinador junto al Gobierno, sindicatos y empresarios la acogida de trabajadores para trabajar legalmente en el campo en función de las necesidades de cada agricultor. 

Vienen a Huelva con una contratación en origen, se hacen los cálculos, se hacen peticiones de mano de obra, nos piden el balance de las cuentas, las hectáreas de producción, nos piden informes económicos para saber si las peticiones se ajustan a la mano de obra que se necesita realidad…”, explica Manuel Piedra: “Y una vez que están aquí, nos hacen muchas inspecciones, y nos pueden sancionar con 10.000 o 12.000 euros por tener a gente sin contrato”. 

El portavoz de UPA discrepa “totalmente” de las informaciones que inciden en la existencia de asentamientos ilegales como una realidad extendida. Se calcula que unas 3.000 personas viven en estas comunidades de chabolas, asistidas por las distintas ONG que trabajan sobre el territorio con subvenciones públicas: Andalucía Acoge, Cepaim, Cruz Roja y Cáritas.

Se trata, insiste Piedra, de una realidad relacionada pero al mismo tiempo al margen del campo: “Estos asentamientos cuentan con una economía propia que se escapa a la agricultura… Tienen talleres para reparar vehículos para llevárselos a su país o reventa de colchones y enseres que recogen de la basura”. 

Sin nacionalidad "no se les puede dar trabajo"

La mayoría de los que están en los asentamientos de Huelva no tienen nacionalidad española. Sólo con un permiso de residencia -y no de empleo- “no se les puede dar trabajo”: “Ni por caridad nos los podemos llevar a una casa, porque si a esa persona le pasa algo, nos acusarían de tener a trabajadores ilegales de forma encubierta”. “Entiendo que vengan a España en busca de un futuro mejor, pero nosotros no somos los responsables de las personas que vengan”, recalca Piedra, sin dejar de recordar la sensibilidad de UPA con respecto a este asunto frente a las posturas de otros sindicatos.

La postura de esta asociación agraria es radical. UPA propone soluciones que pasan por “que el Gobierno regularice la situación de todos los que están aquí" para poder darles trabajo y así “ofrecerles también una vivienda”: “Así sacaríamos de los asentamientos a todas esas personas que viven gracias a la economía sumergida”. 

UPA propone regularizar la situación de todos los inmigrantes que viven en asentamientos y construir albergues donde puedan residir dignamente

Además, Manuel Piedra aboga por “construir albergues de transición” en las zonas productoras de Huelva: “Esto permitiría que el que venga a buscar trabajo pueda dormir, comer y ducharse dignamente durante varios días mientras busca trabajo”. Un centro de este tipo permitiría a los empresarios acudir a un punto de referencia para buscar a jornaleros a los que dar un empleo legalmente. 

UPA también propone montar “albergues de campaña” para que los temporeros puedan hospedarse a cambio de “un precio simbólico o razonable”. “Si lo que hacemos es sacar a estas personas de ahí, no acabaremos nunca con el asentamiento, porque habrá otros 2.000 mañana”, opina Piedra, que se muestra crítico con la dejadez de las administraciones tras un cuarto de siglo sin soluciones: “Lo que hacen los gobiernos es repartir dinero entre las ONG para quitárselos de encima”. 

“Lo que hay que hacer es darles dignidad con trabajo”, remacha Manuel Piedra: “Para nosotros, son trabajadores con todos sus derechos”. Este diario ha intentado sin éxito contactar con diversas onegés.