El Comité de Empresa de TV3 ha hecho público el desembolso de 440.000 euros que efectuó la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por un documental de ocho capítulos sobre el juicio del procés en el Tribunal Supremo a la empresa Mediapro, propiedad de Jaume Roures. "Ha suscitado malestar que se pague una cantidad tan elevada por un contenido que la cadena tiene capacidad de producir de forma interna", explican fuentes del Sindicato de Periodistas y Profesionales de TV3 (SPC).

En el comunicado afirman que en "las últimas semanas" se han incrementado las críticas" desde "puntos de vista muy opuestos" sobre la "serie comprada por 440.000 euros a Mediapro vía Tatxo Benet" o sobre el '30 Minuts' del caso de evasión fiscal de Jordi Pujol y que ha situado a la cadena en el "centro del foco mediático y político por el contenido de sus programas".

Otra fuente del Comité de Empresa añade a instancias de este medio que ha sentado muy mal "el gasto tan elevado", que es "más alto de lo habitual": "Las maniobras de Tatxo Benet con David Madí y el poder político, y el colocar los capítulos en siete domingos consecutivos, y con total parcialidad. Parece que lo hagan porque viene el fin de una etapa".

Tatxo Benet es el empresario que compró por 80.000 euros una obra de arte, titulada 'Presos políticos', que se retiró de ARCO en la edición de 2018 y es uno de los principales promotores de la independencia de Cataluña además de un activo tuitero. El pago de esta suma a Mediapro por un documental que está compuesto, mayoritariamente, de imágenes de recurso publicadas en los mismos medios no se entiende por parte de los trabajadores.

Además, ven en esta decisión una forma de la lucha partidista de las fuerzas "que buscan formar gobierno" para influir en las "negociaciones": "Estas campañas de presión no son espontáneas, y algunas tienen detrás el interés de crear un determinado clima en las negociaciones secretas entre los partidos que buscan formar gobierno".

Desde el Comité de Empresa temen que todo ello incluya el "reparto de la CCMA" sin aplicar la ley de los medios audiovisuales aprobada en 2019 que sirve para acabar con la "gubernamentalización" de la cadena y "designación partidista" de sus directivos. Como avanzó Vozpópuli, el control de TV3 es uno de los puntos de desacuerdo entre Junts y ERC y su consejo de gobierno sigue sin renovarse por falta de acuerdo político.

TV3: 30% de producción externa

De acuerdo con el comunicado, la cadena produce entre el 70% y 80% de sus contenidos. Las fuentes consultadas añaden que la externalización tiene sentido en contenido como el del programa Polònia, de Toni Soler, que debido a que se trata de un producto de sátira política es más difícil que se aborde desde la cadena.

"Al contrato programa acordado dos veces por el Consejo de la CCMA y con aportaciones, por ley, del Comité de Empresa consta una horquilla de producción externa de un 25-35%. Aquí caben programas de humor, que no se pueden hacer desde dentro. Más problemático es que externalicen cosas que se pueden hacer desde dentro, como FAQS o Planta Baixa", abundan.

En este sentido piden establecer "cuotas" de producción propia y externa que "permita afrontar el futuro con proyectos claros".

Reducción de plantilla

Mediapro es una de las productoras, junto a Minoría Absoluta de Toni Soler y El Terrat de Andreu Buenafuente, más beneficiadas por la externalización de productos de la cadena pública catalana. Y obran como una suerte de lobby frente a los sucesivos gobiernos de la Generalitat, añaden estas fuentes.

Cuando la situación de TV3 empeoró debido a la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público y el nuevo sistema de liquidaciones del IVA hecho por Cristóbal Montoro durante la etapa de Mariano Rajoy, la dirección de la CCMA tranquilizó a sus trabajadores asegurando que no habría recortes en los salarios y que el plan de ajuste se basaría en reducir las cuantiosas partidas destinadas a la producción externa.

No obstante, la profusión de documentales de elevado coste o con claros tintes partidistas, como el del caso Pujol o del juicio del procés ha vuelto a poner bajo el foco a la cadena. Y coincide en un momento en el que algunos partidos, como Vox, han preguntado por los sueldos de la plantilla. Y otros, como el PSC, ha anunciado un plan para reformar la televisión pública para que represente la pluralidad de la sociedad catalana.