La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el embajador de Zapatero en Venezuela

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el que fuera embajador del Gobierno de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, por delito fiscal. El Ministerio Público actúa también contra su hijo Alejo Morodo y la mujer de éste último, Ana Catarina Varandas, a quien les pide ocho años y medio de prisión a cada uno y multa de de más de 3,7 millones de euros a cada uno.

Anticorrupción explica en su escrito de acusación que el matrimonio usó tres sociedades instrumentales para ingresar fondos de la petrolera PDVSA camuflados en contratos de asesoría. Con esta maniobra lograron tributar sus rentas por un tipo impositivo menor al que marca la Ley, lo que se traduce en la presunta comisión de delitos fiscales entre los años 2013 y 2017 (los anteriores están prescritos). Además, les acusa tanto a ellos como al que fuera embajador del Gobierno de Zapatero, de haberlo ocultado al fisco español.

Multa de 3 millones

Por estos hechos atribuyen a Morodo delito contra la Hacienda Pública del ejercicio 2014, mientras que a su hijo el mismo delito por los ejercicios de 2013 y 2014 y a ella por presunto fraude fiscal en 2017. Por ello, además de las penas de prisión, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el diplomático multa de 378.700 euros mientras que para Alejo Morodo y Ana Catarina Varandas una multa de 3,76 millones de euros y 3,8 millones, respectivamente.

Del mismo modo, pide que se condene al embajador para que indemnice a Hacienda con 126.222 euros, a su hijo con 315.273 euros y a Varandas con 435.000 euros. A estos dos últimos se les impone además una indemnización conjunta de 617.442 euros. Se trata de cuantías que corresponde con los ingresos que canalizaron esos años provenientes del petróleo de Venezuela y por los que no tributaron correctamente.

Anticorrupción solicita multa de 3,7 millones de euros para el hijo del que fuera embajador de Zapatero en Venezuela

La Fiscalía presenta su escrito apenas días después de que el magistrado que ha investigado estos hechos, Alejandro Abascal, diera el primer paso para enviar al banquillo a estos tres acusados por delito fiscal. La causa sigue para otros imputados-muchos de ellos de origen venezolano- a los que se les investiga por fraude y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La causa se abrió en 2019 en aras a indagar el cobro de más de 4 millones de euros del entorno del embajador de Zapatero en presuntas comisiones irregulares.

Fondos de Venezuela

En el marco de la investigación se ha podido acreditar que Alejo Morodo canalizó a través de sus empresas fondos que percibió como presuntos contratos de asesoría. De hecho, Anticorrupción sostiene que empleó las firmas Aequitas Abogados, Consultores Asociados y Furnivel Barristers Corp para poder ingresar los fondos de PDVSA en cuentas bancarias de España. Por ello la Fiscalía pide que se decomise una de las viviendas de lujo que Alejo Morodo compró a través de una de sus empresas pantalla.

Partes de estos fondos se ocultaron en el patrimonio de los acusados, aunque otra se invirtió en inmobiliario. Ana Catarina Varandas compró a través de una sociedad controlada por su padre una vivienda de lujo que superaba el millón de euros. Sin embargo, acordaron un precio mucho menor, de tan solo 350.000 euros, para evitar reflejar lo que realmente pagaron por esta casa. Además, también compró otra vivienda de 450.000 euros en Lisboa con parte de los fondos ocultos a Hacienda.

La mujer del embajador

Cabe recordar que, en el marco de esta investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional, la Fiscalía también detectó irregularidades en la gestión del patrimonio de Cristina Cañeque, mujer del embajador de Zapatero en Venezuela. Al tratarse de hechos vinculados a otra mercantil, los investigadores se inhibieron en los juzgados de Plaza de Castilla. El Juzgado de Instrucción número 20 abrió diligencias e incluso le citó a declarar, aunque el interrogatorio se anuló.

La causa se terminó sobreseyendo porque los presuntos delitos fiscales cometidos entonces no alcanzaba la cuota para ser considerados delito. No obstante, Hacienda presentó un informe ampliatorio a finales del año pasado, en el marco del cual advirtió que Cañeque habría cometido delito los ejercicios de 2016 y 2017. Por ello propuso regularizaciones fiscales de de 32.000 euros en los ejercicios 2014 y 2015; de 201.631 euros en 2016; de 684.900 euros en 2017 y de 115.090 euros en 2018.