El PSOE, en nombre de Pedro Sánchez, está dispuesto a llegar hasta el final en la eliminación de la acusación particular. Una herramienta que desde Ferraz se ha utilizado con frecuencia para, precisamente, cargar contra el Partido Popular y erosionarlo políticamente. En total, el PSOE ha utilizado este recurso en diecinueve ocasiones, de las cuales 15 han sido contra activos políticos populares. Esto implica que de cada cuatro veces que los socialistas han utilizado este recurso, tres han sido para cargar contra su principal rival político. Pese a ello, en Ferraz quieren limitar este mecanismo de manera definitiva.
“Es una feria de ultras con ganas de publicitarse”, aseguró Félix Bolaños, ministro de Justicia, para justificar la reforma, pese a que en la década pasada el PSOE ejerció esta posición junto a Manos Limpias en el caso Nóos. Este es precisamente uno de los pocos casos en los que no estaba el PP implicado. En casi todos los demás sí fue así. El PSOE ejerció la acusación popular en los casos Púnica o Lezo, además de estar en la trama Gürtel, donde hizo especial fuerza en el pago en negro de la sede en Génova.
En ese caso también estuvo personado el PSOE de Boadilla del Monte al entender que la trama de corrupción tenía a la localidad madrileña como "epicentro". Además, a través de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), considerado el brazo judicial del PSOE, acompañada por ya exsenadores del PSOE, se consiguió sentar a Mariano Rajoy en un juzgado en calidad de testigo por la Gürtel, una imagen que a la postre sirvió a Pedro Sánchez para montar una moción de censura que le llevó a la presidencia del Gobierno.
La filial socialista más activa es, sin duda, el PSPV, quien atacó con dureza la hegemonía popular en la Comunidad Valenciana. Sucedió con Rita Barberá, quien falleció sin saber que la mayoría de las causas abiertas contra ella fueron sobreseídas. El PSOE se encargó de la acusación particular en el Tribunal Supremo, cuando fue acusada de blanqueo, caso por el que fue a declarar ante el alto tribunal de manera voluntaria. En 2022, se archivó el caso de manera definitiva.
La otra figura política de aquella época en la Comunidad Valenciana fue Francisco Camps, con quien el PSOE mantiene abierta su acusación popular ante el Tribunal Supremo a través de una senadora y una exdiputada socialista. Se trata de un recurso de casación por su absolución en la Gürtel.
El PSOE también se presentó como acusación popular contra Camps en otros casos en los que el expresidente fue exonerado. Se trata, de forma directa, del Caso Formula 1 por el circuito urbano de Valencia, el famoso caso de los trajes regalados y el juicio por el 'stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Esta ofensiva judicial sirvió para que el político abandonase la primera línea política y fuese considerado un corrupto por gran parte de la opinión pública pese a que nunca fue declarado culpable por un tribunal.
El expresidente, en conversación con Vozpópuli, cree que el PSOE ha utilizado este mecanismo "con fines políticos" de manera constante. Por ello, se muestra molesto con los intentos del Gobierno a la hora de quitar la acusación popular. "Sánchez quiere quitarlo por una causa evidente: al tener la fiscalía de su lado no hay acusación y quitando la acusación popular se acaba la instrucción", argumenta Camps. Se trata de uno de los políticos más afectados por la acusación popular, ya que tal y como asegura, los socialistas se personaron en todos las causas que hubo contra él.
Vinculado también al Gobierno de la Generalitat Valenciana está el caso Blasco, en el que se investigó el envío de 6 millones de euros a países del Tercer Mundo que nunca llegaron a su destino. Y en la propia región, también se dio el 'caso Emarsa', en el que el PSOE se personó como acusación popular. La Audiencia de Valencia investigó a veinticuatro personas de lucrarse de forma ilícita a través de las depuradoras públicas
También en la Comunidad Valenciana, el PSOE se personó como acusación particular contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, cuando el juzgado de instrucción nº4 de la comunidad le investigó por presuntamente ocultar su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia contra él. En Paterna, el PSPV a nivel local se personó en el juicio contra el alcalde de la localidad, del Partido Popular, que adjudicó las obras sin concurso público.
En Cádiz, el PP también se personó en otros procesos judiciales locales como el caso Rilco, que juzgó a Rodríguez de Castro, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz. Y en Madrid, los socialistas se personaron por el caso Gestapillo, un caso de espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid ya archivado pese a que el PSOE intentó reabrir en cuatro ocasiones.
Cinco casos activos con el PSOE en la acusación popular
Desde Ferraz han sacado pecho afirmando que la eliminación de la acusación popular también afecta a su partido, pero lo cierto es que dos de ellos afectan al propio PSOE -el caso hidrocarburos y el caso Koldo-, el caso de Camps se encuentra en la vía muerta y a los otros dos ya le ha sacado un gran rédito político -el caso del novio de Ayuso y la operación Kitchen-. Por este motivo, el PSOE está dispuesto a perder ese poder en los juzgados a cambio de liberar a Pedro Sánchez de asociaciones como Hazte Oír o la propia Manos Limpias. De hecho, la presencia socialista en los dos primeros solo busca reducir la influencia de los populares sobre los jueces y dar una imagen de lucha contra la corrupción ante la opinión pública.
El PSOE también mantiene la solicitud de personarse en el caso contra Alvise Pérez por financiación ilegal, aún sin respuesta después de que haya pasado al Tribunal Supremo. De salir adelante la ley, el PSOE perdería la posibilidad de ejercer presión contra el que se ha convertido en una de las grandes némesis del partido desde el punto de vista político.
