España

El Gobierno torpedeó el informe del Tribunal de Cuentas sobre la covid: llevaba más de un año en un cajón

El órgano fiscalizador acabó el informe en febrero de 2024. A los retrasos y prórrogas se ha añadido que la información que aportó Sanidad no era la requerida

  • Salvador Illa, Carolina Darias y Mónica García.

El Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública, ejercicios 2019, 2020 y 2021 del Tribunal de Cuentas que detecta numerosas "deficiencias", algunas, "significativas" y concluye que la información sobre vacunas en pandemia era poco "fiable" y "desfasada" ha sido torpedeado por el Gobierno y ha estado un año en un cajón. Así se desprende de las alegaciones del Ministerio de Sanidad y de la información a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El Tribunal de Cuentas finalizó el informe en febrero de 2024 y dio un trámite de alegaciones al Ministerio de Sanidad y otros organismos que finalizaba en abril de 2024. Pues bien, el intercambio de información no se ha cerrado hasta finales de 2024 y ha acumulado prórrogas y retrasos por parte del Ministerio y de la ministra, Mónica García.

Además del retraso en la elaboración que propició el Gobierno, el contenido de las alegaciones que remitía no respondía a menudo a lo que se le requería ni a los datos, según advierte el órgano fiscalizador. "Se manifestaban cuestiones que no eran acordes con la evidencia obtenida en los trabajos de campo de la fiscalización", refrenda.

Difícil interoperabilidad

De los trabajos internos elaborados por la Dirección General de Salud Pública para las sesiones de la Ponencia de Vacunas el informe desprende que existía "heterogeneidad en los sistemas de información de las comunidades autónomas", tanto en las capacidades del registro de vacunas, como en la responsabilidad de su llevanza y también en el grado de interoperabilidad. Todos estos factores "dificultaban la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información involucrados y suponían un obstáculo para el desarrollo de herramientas que permitieran que el ciudadano y los servicios autonómicos de salud pudieran disponer de esta información en línea en caso de que fuera preciso".

La información estadística sobre vacunación se enviaba en 2020 a la Dirección General de Salud Pública con retraso por parte de las comunidades autónomas y, además, "existía cierta dispersión en los criterios de cumplimentación de la información, careciendo, además, el Ministerio, de mecanismos formales para reclamar la falta de remisión de los datos", advierte el Tribunal de Cuentas.

La información sobre vacunas no comprendía las administradas al margen del Sistema Nacional de Salud en centros privados de todas las comunidades autónomas ni tampoco la profilaxis administrada por los Centros de Vacunación de Sanidad Exterior del propio Ministerio de Sanidad, lo que supone para el Tribunal de Cuentas una "deficiencia de coordinación". En consecuencia, la Dirección General de Salud Pública "solo podía producir una información con limitaciones y con desfase temporal que no permitía explorar posibilidades de análisis más completos y detallados para fundamentar medidas de planificación de vacunación más precisas", constata.

Una situación que afectaba en último término a la toma de decisiones y a la atención sanitaria, subraya el informe.

Sanidad culpa a las CCAA

Pues bien, en sus alegaciones, el Ministerio de Sanidad carga en las comunidades la responsabilidad de distintas deficiencias que señala el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en el Sistema de Sanidad Exterior. El Ministerio manifiesta que sus servicios sí disponían de trazabilidad, al tener constancia de los reemplazos solicitados, mientras que algunas CCAA autorizaron "cargas masivas".

El órgano fiscalizador también constata que Sanidad "atribuye a una CCAA la responsabilidad de los problemas con la gestión de la información", lo que éste descarta.

Las deficiencias detectadas llevaron a desfases en la cuantificación de las vacunas. Hasta junio de 2022, según la información proporcionada por la Secretaría de Estado de Sanidad al órgano fiscalizador, en España se habían adquirido 176.433.550 dosis, de las que se habían administrado 95.154.072 unidades. No obstante, el Tribunal de Cuentas ha detectado que la información sobre vacunas administradas en sistema de información específico "REGVACU" y la proporcionada por la Secretaría de Estado de Sanidad (Dirección General de Salud Pública) "no era coherente entre sí". Así, según las tablas de REGVACU en marzo en 2022 se habían administrado 100 millones de vacunas, mientras que, en junio de 2022, la Dirección General de Salud Pública indicó que eran 95 millones de dosis administradas.

Este informe, que ha aprobado el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 25 de marzo y remitido a las Cortes, se ha hacho público cuando se cumplen cinco años de la irrupción de la covid y cuatro del inicio de las campañas de vacunación. Además de los sistemas de información de vacunas, también aborda los sistemas de vigilancia epidemiológica, alertas y emergencias, los sistemas de información para el seguimiento y toma de decisiones, los sistemas de vigilancia de Sanidad Exterior, y la implementación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.

La fiscalización se ha efectuado a iniciativa del Tribunal de Cuentas, que la incluyó en el Programa de Fiscalizaciones para 2021 en el apartado dedicado a las actuaciones en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de sus organismos dependientes y se incardinaba en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021. El objetivo era analizar los fallos con el fin de que la Administración esté preparada en las próximas crisis sanitarias.

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