El Gobierno de España ha pasado de gastar 23,7 millones de euros en planes para la Prevención Integral de la Violencia de Género a 140 millones de euros en 2024, una cifra que podría aumentar en 2025 a 160 M si Pedro Sánchez atiende las peticiones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Pese a que el presupuesto es seis veces más alto que hace una década (600%), el impacto sobre el número de mujeres asesinadas apenas se aprecia: según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE), la media de asesinadas tan solo ha descendido un 11%.
Las estadísticas señalan que pese el crecimiento exponencial del presupuesto, de la serie 2005-2015 a la de 2015-2025, la media de mujeres asesinadas ha descendido de 70 a 62.
Esto es un claro indicativo de que el aumento del presupuesto no se ha traducido en políticas efectivas para la protección de las mujeres, ya que la inyección extra de dinero no ha alterado las gráficas de mujeres asesinadas. De hecho, el año 2023 fue uno de los peores de las últimas dos décadas: tan solo hubo tres años en los que la cifra fue peor. Una fórmula que también se puede aplicar a nivel autonómico: Castilla-La Mancha ha pasado de los 15 millones de euros de 2015 a los 44,7 millones en 2024, lo que supone el triple en diez años. Pese a ello, el número de víctimas en la región tampoco ha variado con el paso del tiempo: desde 2015, la cifra se mueve entre las dos y las cuatro víctimas mortales.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres creen que esto se debe a "un aumento de casos de mujeres que nunca se acercaron a las instituciones y un repunte de la relajación social como consecuencia de los discursos que niegan la violencia específica contra las mujeres, a pesar de la evidencias". Desde la asociación defiende que esto último "solo puede enfrentarse con una mayor implicación de las instituciones públicas para fomentar el rechazo social de esta violencia".
También consideran fundamental implementar "uno de los puntos del Pacto de Estado contra la violencia que ha contado con menor apoyo institucional: la sistematización de los cribados en las consultas médicas para detectar el maltrato", además de reclamar una responsabilidad que debe ser identificada y asumida por las instancias que no hayan dado la respuesta adecuada" en caso de mujeres asesinadas que sí estaban dentro del programa VioGen. Otro diagnóstico adicional es que "siguen siendo bajísimas las valoraciones forenses de riesgo, vitales para una adecuada toma de decisiones de los jueces".
Más delitos contra la libertad sexual que nunca
El Ministerio de Igualdad, pese a contar estos años con cifras récord en presupuesto, también ha visto cómo los delitos contra la libertad sexual se han disparado. El organismo cuenta con 573 millones de euros de presupuesto para 2025, el mismo que tuvo en 2023 y 2024 por la doble prorrogación de los Presupuestos Generales del Estado. Una cifra récord en la democracia española y que no ha parado de crecer. La cartera de Ana Redondo, entre otras preocupaciones, persigue rebajar el número de delitos sexuales y mujeres asesinadas.
Pero las cifras muestran el efecto contrario: el Ministerio del Interior registra más delitos contra la libertad sexual que nunca. En 2024 se ha confirmado la tendencia al alza, con un crecimiento del 6,1% en este tipo de delitos. En el caso de violaciones, el aumento es del 6,6%, pasando de 3.700 a 3.944 entre enero y septiembre.
Este crecimiento no es exclusivo de 2024: desde la pandemia, el aumento de las agresiones sexuales con violación ha pasado de 1.249 en 2017 a 2.870 en 2022., lo que supone un crecimiento de un 129,8% en apenas seis años. Indicativo claro de que el aumento del presupuesto en políticas para frenar la violencia contra las mujeres tampoco ha tenido un efecto directo sobre las cifras en esta última década.
