El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado su visto bueno al anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (ACTIVA). Esta iniciativa busca reforzar la ciencia andaluza y su conexión con el ámbito empresarial. En la reunión presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, participaron rectores de universidades públicas andaluzas, así como representantes de los Consejos Sociales y del estudiantado. Este respaldo es un paso crucial para la tramitación de la ley, que ahora deberá obtener informes del Gabinete Jurídico de la Junta y otros organismos pertinentes.
El anteproyecto de ley ACTIVA tiene como objetivo principal promover la excelencia en la investigación y fortalecer la conexión entre las universidades y las empresas. Asimismo, busca facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, y fomentar la internacionalización de la ciencia andaluza. Este nuevo marco legal reemplazará al anterior, vigente desde 2007, y se ha desarrollado en consenso con representantes del sistema andaluz del conocimiento y agentes económicos y sociales. La actualización busca mejorar la relación entre universidades, empresas y sociedad, potenciando la transferencia del conocimiento y aumentando la inversión privada en I+D+I.
¿Cómo se potenciará la ciencia andaluza?
Gómez Villamandos ha destacado que, durante estos años, gracias al esfuerzo económico de la Administración autonómica, Andalucía ha mejorado sus infraestructuras científico-técnicas y ha avanzado en cantidad y calidad de recursos humanos dedicados a la I+D. La producción científica y su visibilidad, tanto nacional como internacional, han crecido notablemente. El nuevo marco normativo activará el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia, que reunirá a los agentes del conocimiento más competitivos y reconocidos mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos y homologables a nivel internacional. La futura Ley ACTIVA también dará un papel importante a la investigación biomédica de calidad en Andalucía, a través del Sistema Andaluz de Investigación Pública en Salud. Además, se valorará la extensa red de infraestructuras científicas en la comunidad.
El texto legal propone mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento con la creación de nuevos órganos: la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía, y el Comité para la Integridad Científica de Andalucía.
¿Qué cambios traerá la nueva ley?
Para fortalecer la conexión entre el sistema educativo superior y el tejido empresarial, el nuevo marco regulador establecerá las Unidades de Innovación Conjunta, donde investigadores y empresas colaborarán para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la energía o la digitalización. En el ámbito privado, se impulsará la innovación a través de las Unidades de I+D+I Empresarial, permitiendo al tejido productivo acceder a incentivos dirigidos a agentes del conocimiento, enfocándose en el desarrollo experimental para satisfacer las necesidades de las empresas.
El anteproyecto también contempla la proyección internacional de la ciencia andaluza, considerando esencial que trascienda fronteras, exporte innovación y atraiga talento. Para ello, se prevé la creación de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación para Andalucía, con sede en instituciones europeas dedicadas a la gestión de programas marco. Además, se establecerá la Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
La divulgación científica es otro aspecto clave de la norma, que propone un plan específico de ciencia abierta y la creación de la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento. Esta oficina facilitará el diálogo y el conocimiento de las actividades de I+D+I en la región entre los distintos grupos políticos, además de ofrecer informes con rigor científico para la toma de decisiones basadas en el conocimiento. Con estas medidas, se busca fortalecer el papel de Andalucía en el ámbito científico y tecnológico, adecuando su marco legal a las necesidades actuales y futuras.