Registro de salarios por sexo y 'unidades de igualdad': así es la ley universitaria de Castells

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera lectura del borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Entre otras novedades, el ministerio que dirige Manuel Castells apuesta por incorporar la "equidad de género" en las universidades a través de distintas medidas.

Las instituciones universitarias deberán reservar "recursos suficientes" para poner en marcha "unidades de igualdad y de diversidad". Además, tendrán que garantizar la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados y contar con planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos; protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios.

Los centros también deberán implementar "acciones positivas" en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo y abogar por el "impacto de género del presupuesto universitario".

Deberán impulsar proyectos científicos con perspectiva de género y apostar por la paridad en los equipos de investigación

Además deberán impulsar proyectos científicos con perspectiva de género y apostar por la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

"A tal efecto se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate", recoge el texto al que ha tenido acceso este diario. Es decir, las mujeres podrán tener "preferencia" frente a los hombres a la hora de ser contratadas en las universidades públicas.

La 'ley Castells' incorpora otras "medidas antidiscriminación" como el cupo de discapacidad, la adecuación de los edificios y entornos universitarios para que sean accesibles y la no discriminación en el acceso a la universidad y en los derechos de los estudiantes.

Luz verde a la 'ley Castells'

Tras pasar por el Congreso de los Diputados para su redacción definitiva, la norma se convertirá en la tercera gran modificación del sistema universitario español desde la democracia. El ministro Castells ha sido el encargado de presentar el texto este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Es un componente clave de la acción del Ministerio esta legislatura. Nuestras universidades se rigen por una ley orgánica de hace 20 años. En estas dos décadas ha habido cambios profundos en este mundo y dos grandes crisis económicas que han golpeado mucho a las universidades", ha arrancado Castells.

El titular de Universidades ha hecho hincapié en que la ley "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades". Y ha asegurado que el texto final es el resultado de "un año de consultas con múltiples actores", entre los que Castells ha citado a rectores, algunos, profesores, órganos competentes del sector universitario y grupos parlamentarios.

Castells asegura que respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades

Algunos aspectos de la ley promovida por Castells han despertado las críticas de los partidos de la oposición y también de parte de la comunidad educativa. En la redacción de la norma, se elimina la firma del Rey en la expedición de títulos y el requisito de ser catedrático para acceder al cargo de rector.

El Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, establecía que dichos títulos "serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectores de la Universidad o Universidades correspondientes, de acuerdo con los requisitos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición se establecen en la presente norma". En el artículo 17 señala que los títulos universitarios oficiales deben incluir en su anverso una "referencia expresa a que el título se expide en nombre del Rey".

Ahora, en el texto de la LOSU al que ha tenido acceso Vozpópuli y tal y como adelantó ABC, no se menciona la figura del Rey. "El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos por el Rector o Rectora de la universidad", reza el artículo octavo.

Según ha explicado el ministro, también podrá ser rector cualquier funcionario que tenga reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. "Durante su mandato, el rector o rectora no podrá presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción", advierte el documento.

Asimismo, la nueva norma impulsada por Castells aprobada este martes en Consejo de Ministros establece la obligación de que las universidades, tanto públicas como privadas, destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación.

Los centros han de asegurar una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.