Una veintena de dirigentes de Ciudadanos han sido reubicados en los últimos años en cargos institucionales tras su paso por la Ejecutiva nacional o el Parlamento. Un dato, el de las promociones o 'puertas giratorias' surgidas desde dentro del propio partido, que es una práctica extendida en el resto de formaciones políticas.

La pasada semana causó polémica el nombramiento de Virginia Millán como adjunta al Defensor del Pueblo andaluz. Abogada, exdeportista profesional de natación sincronizada y exdiputada por Sevilla en varias legislaturas, hace un año se quedó sin escaño en el batacazo electoral del 10-N al igual que su marido, Fran Hervías, quien se presentaba como candidato naranja a uno de los escaños en liza por Granada.

Este último fue nombrado senador por designación autonómica del Parlamento andaluz en junio de este 2020, tras su etapa como secretario de Organización en la Ejecutiva naranja de Albert Rivera. Dicha 'puerta giratoria' fue decisión de Inés Arrimadas por el apoyo que Hervías le brindó durante la campaña de las primarias, de ahí que le incluyese en su lista de miembros al Consejo General, uno de los órganos de decisión dentro de Cs.

Millán se dio de baja de Ciudadanos hace unos meses para poder ser nombrada a ese puesto, en el que se requiere no tener afiliación política. Tanto este nombramiento como el de Hervías no han sido del agrado del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico, Juan Marín, ya que los considera imposiciones de Madrid, aunque él ha impulsado casos similares desde que Cs está en el Gobierno regional.

Por ejemplo, promovió a la exdiputada naranja por Jaén, María Ángeles Adán, al puesto de coordinadora de la Junta dentro del área de Vicepresidencia sin tener estudios universitarios. Algo parecido ocurrió con otro de sus nombramientos, el de Raquel Morales, quien llevó el área de Infancia y Menores en la Ejecutiva de Rivera y que ahora tiene el cargo de delegada de Justicia y Administración Local de la Junta andaluza en Jaén sin antes haber tenido experiencia profesional alguna.

En Andalucía hay tres casos más similares. Diego Clemente, exdiputado nacional de Cs por Almería, fue nombrado director general del Parque Científico-Tecnológico de esa provincia (PITA). Mientras, Marcial Gómez, exdiputado por Córdoba, es el actual director general de Personas con Discapacidad en la Junta de Andalucía, y más recientemente, Carlos Pérez, exsenador por Cádiz, ha sido colocado de asesor en la Diputación provincial.

Este último nombramiento ha provocado un enorme revuelo en Cádiz, tal y como desveló Vozpópuli, ya que Cs tuvo que despedir a un trabajador para hacer un hueco a Pérez, quien en su calidad de edil de Jerez de la Frontera ofició en 2016 la boda civil de Arrimadas con su marido, Xavier Cima, y que recientemente se convirtió en coordinador naranja en la provincia.

Al igual que Hervías, hay otros dos dirigentes regionales que han logrado entrar en la Cámara alta por designación autonómica tras su paso por sus respectivos parlamentos autonómicos. Son los casos de Miguel Sánchez, exportavoz de Cs en el Parlamento de Murcia y Emilio Argüeso, quien fue exdiputado autonómico de la Comunidad Valenciana.

Las 'pasarelas' en Madrid y CyL

En Madrid ha habido 'pasarela' en varias ocasiones. La escritora Marta Rivera de la Cruz, exdiputada por Madrid y miembro de la Ejecutiva de Rivera, fue colocada de consejera de Cultura en el Gobierno regional. Fue la cuota de la dirección nacional en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, y en la actualidad sigue contando con la plena confianza de Arrimadas.

También están los casos de Pilar Liébana, la única senadora electa -por Madrid- que tuvo Cs en las elecciones del 28-A, aunque no pudo repetir resultado el 10-N. Aguado la puso al frente del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) a los pocos meses del fiasco electoral. Algo parecido le ocurrió a Roberto Hernández, exdiputado nacional por Madrid y que en la actualidad es asesor en la Consejería de Economía de la región, uno de las seis que controla la formación naranja.

En Castilla y León ha habido un efecto parecido, aunque en este caso para 'proteger' a dirigentes naranjas que se posicionaron en el llamado sector crítico de Francisco Igea. Por ejemplo, Soraya Mayo, exdiputada por Valladolid, es la actual subdirectora del Instituto Tecnológico y Agrario (ITACyL) de la Junta presidida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Mientras, Fernando Navarro, exdiputado por Baleares, es viceconsejero de Transparencia, un área que depende del vicepresidente Igea. Y José Antonio Bartolomé, exdiputado por Zamora, desempeña el cargo de director general de Trabajo.

Dos casos en la Ejecutiva nacional

En Castilla La Mancha ha encontrado 'refugio' laboral María Dolores Arteaga, exdiputada por Albacete y que en la actualidad trabaja como asesora en el grupo provincial de Cs en Albacete. Recientemente fue nombrada secretaria de Organización de en la región. Y en Cantabria, el exdiputado Rubén Gómez es también asesor en el grupo parlamentario naranja del Parlamento regional.

En breve podría haber un caso más, el de la extremeña María Jesús Calderón, diputada nacional en la efímera legislatura de 2019 hasta el 10-N, ya que el partido quiere meterla como asesora en el grupo parlamentario de la Asamblea.

Por último, hay dos cargos de la Ejecutiva nacional que están a sueldo del partido al no tener un puesto institucional. Son Beatriz Pino, exdiputada por Pontevedra y que está contratada como miembro del área de Comunicación -Cs no logró representación parlamentaria en Galicia en las elecciones del 5-J-, y Melisa Rodríguez, exdiputada por Canarias, también en nómina por su cargo como portavoz nacional. Hubo un tercer caso, el del exdiputado balear Joan Mesquida y que fue asesor parlamentario de Arrimadas en el Congreso hasta su reciente fallecimiento.