Publicado: 05/04/2018 05:15
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha citado como imputado a Eugenio Llorente Gómez, representante legal de la empresa Cobra Concesiones SL, que es presidente y consejero delegado de los servicios industriales del Grupo ACS, la constructora de Florentino Pérez, por su "papel significante" en la operación para construir la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena, Región de Murcia), por la que ahora el Grupo ACS reclama 600 millones de euros al Gobierno murciano, según el auto de 7 de marzo al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Tanto la Fiscalía Superior de la Región de Murcia como la magistrada que instruye el caso han acordado la imputación de Llorente Gómez, uno de los principales directivos del Grupo ACS, tras recibir el 1 de febrero de 2018 el informe 3309/18 que durante más de un año ha elaborado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación Blanqueo de Capital y Corrupción (UDEF-BLA), y en el que se analiza la documentación intervenida en la denominada Operación 'La Sal'.
En el auto, la juez también apunta indiciariamente a la posible responsabilidad penal del director general de los servicios industriales de ACS (Cobra), José Alfonso Nebrera García, que también intervino en el expediente de construcción de la planta desalinizadora: "El curso de la investigación irá delimitando el tipo de su intervención", especifica la juez, que deja abierta su declaración como investigado.
La resolución recuerda que unos empresarios locales de la Región de Murcia realizaron en 2005 "una promesa de compraventa de participaciones de la planta con sociedades pertenecientes al Grupo ACS (Cobra Instalaciones y Servicios; Moncobra; y Cobra Concesiones)". Y por eso la infraestructura fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% de ACS.
Ramón Luis Valcárcel
Al final del proceso, el Ejecutivo del entonces presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), creó la sociedad pública Hidronostrum, con la que se hizo el 14 de julio de 2010 con el 49% de las acciones de la planta desalinizadora construida por ACS.
La planta fue creada con capital privado, pero con el propósito inicial de transformarla en empresa pública: "Asumiendo así el Erario Público todas las operaciones millonarias"
Sin embargo, el informe policial resalta que la planta de Escombreras fue creada con capital privado, pero con el propósito inicial de transformarla en empresa pública: "Asumiendo así el Erario Público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública", por lo que no se garantizaban "los principios de libertad de acceso a las licitaciones" y "la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".
"Es decir", concluye el auto de la juez, "se trataría de un proyecto preconcebido, contando desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de, al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo, y que comprometieron al Ejecutivo murciano a pagar toda la obra: Y por tanto, con todo el coste para la que sería la parte pública", indica la resolución.
El 26 de enero de 2006, la desaladora firmó sendos contratos privados con empresas del Grupo ACS: uno con la empresa Hydro Management, que establecía un arriendo financiero a 25 años (por un total de 600 millones) de una planta que todavía no se había construido, y el segundo contrato con la firma Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A (Tedagua), que se encargaba del mantenimiento.
Antonio Cerdá
El 23 de julio de 2010, la sociedad pública Hidronostrum realizó una ampliación de capital por un importe de 850.000 euros en la que no participaron los socios privados: "A pesar de constar a los compradores el carácter ruinoso del negocio por los informes de los interventores de la Comunidad Autónoma de los años anteriores", indica la juez, que entre los citados como investigados ha incluido al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá.
Ante el incumplimiento del contrato, las empresas de ACS interpusieron una demanda por el total de 600 millones de euros que debían cobrar, y que ahora reclama el grupo de Florentino Pérez. Vozpópuli se ha puesto en contacto con una portavoz del Grupo ACS para preguntar la versión de los hechos y de la imputación de su directivo. La empresa ha preferido no hacer declaraciones al respecto.
Inauguración sin agua
La desalinizadora de Escombreras fue muy importante para el PP de Ramón Luis Valcárcel. El 24 de abril de 2007, en plena campaña para las elecciones autonómicas, el entonces presidente de la Región de Murcia y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel (PP), pulsó uno de los botones de un panel de control de la planta, e inició un proceso técnico que fue retransmitido por unas cámaras de un circuito cerrado a todos los presentes, que pudieron apreciar cómo el primer volumen de agua del proceso entraba en el depósito tratado.
Sin embargo, el Gobierno murciano 'olvidó' explicar ese día a todos los presentes que la desaladora de Escombreras, para la que había previsto una inversión inicial de 115 millones de euros, no disponía ese 24 de abril de 2007 de conexión al mar, por lo que esa infraestructura no podía generar agua de consumo.
Trasvase del Ebro
Ramón Luis Valcárcel, que en 2007 mantenía una guerra abierta con el Gobierno socialista después de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acabara con el proyecto del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana y Murcia, logró con Escombreras su principal objetivo: impedir que tanto la Confederación Hidrográfica del Segura como la del Júcar (en menos del PSOE) frenaran con sus informes negativos las previsiones de construcción de viviendas en Murcia y la Comunidad Valenciana.
Con una nueva mayoría absoluta en 2007, Valcárcel siguió adelante con su proyecto de construir en Escombreras (Cartagena) una desaladora, por la que once años después una jueza ha imputado a varios ex altos cargos del Ejecutivo del PP, pero también a un empresario de ACS.
La denominada 'Operación La Sal' se originó tras la denuncia interpuesta por el abogado murciano Diego de Ramón, que también fue el denunciante del caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En el procedimiento también ejerce la acusación popular el partido político Contrapoder, representado por el abogado José Luis Mazón.
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