La delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha presentado su renuncia al cargo tras ser condenada a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude junto al expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), la jueza considera probado que cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña. Por estos hechos, los acusados fueron juzgados el pasado mes de noviembre de 2020.

En concreto, en una sentencia con fecha de este viernes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a dos años de cárcel al que fuera presidente de la Diputación con el PP --formación de la que pidió la baja en 2016-- por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en este campo de fútbol "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad".

Louzán, que fue considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.

Asimismo, la magistrada ha condenado a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la institución provincial.

Defender su honorabilidad 

La actual delegada de la Xunta en Pontevedra ha anunciado que recurrirá la sentencia para defender su "honorabilidad" y "su proceder" durante su etapa como alcaldesa de Moraña.

Así, Piñeiro, que se ha dado de baja del partido, ha incidido en que la sentencia no es firme y se ha mostrado "sorprendida" ante la misma, pero ha decidido renunciar a su cargo para "no perjudicar a las instituciones que representa".

Luisa Piñeiro ha explicado que recurrirá la sentencia para "defender su honradez" y "reiterar su convencimiento" de que la actuación que ejerció durante su etapa como alcaldesa fue "correcta y siempre ajustada a Derecho en ese momento". De este modo, ha defendido que en ese periodo trabajó "única y exclusivamente por el bienestar de los vecinos de Moraña" e "incansablemente".

"Disconformidad" con la sentencia 

Así las cosas, Piñeiro ha trasladado su "disconformidad" con la sentencia y ha solicitado a su abogado que "la recurra donde sea preciso" para, "una vez más", defender su "honorabilidad" y su "proceder" durante su paso por el Ayuntamiento de Moraña en general y en la actuación objeto de la sentencia en concreto.

En este sentido, ha detallado que el procedimiento juzgado se refiere a la "concesión de una subvención" y, por tanto, "un paso que los 313 alcaldes de toda Galicia hacen todos los días", como ella hizo "en el día a día trabajando por su pueblo" y realizando solicitudes para "mejorarlo".

Sin embargo, ha indicado que en la tarde de este viernes ha notificado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP Provincial, Alfonso Rueda, su renuncia a los cargos que ostenta "para no perjudicar a las instituciones que ahora mismo representa", aunque "confiando plenamente en su inocencia".

Luisa Piñeiro ha considerado "lo más correcto" centrarse en la defensa de su actuación ante los tribunales al entender como "de justicia" probar su "honorabilidad" e "inocencia" y ha apuntado que se ha dado de baja "en el partido en el que siempre estuvo y estará", el PP.

Preguntada sobre las razones que han motivado su condena, ha afirmado encontrarse "sorprendida" por el contenido de la sentencia y ha reiterado que "siempre defenderá su inocencia". Así, ha recalcado que los hechos juzgados se refieren a "un proceso de contratación de otra administración que no representaba en ese momento", la Diputación de Pontevedra.

Proceso "llevado a cabo exclusivamente" por la Diputación 

En esta línea, la exregidora de Moraña ha recalcado que el proceso de contratación y adjudicación de la obra y el control de la dirección de la misma y las certificaciones fueron llevados a cabo "únicamente y exclusivamente por personal de la Diputación de Pontevedra", por lo que ha incidido en que ella "no tenía ninguna responsabilidad en ese momento" al respecto.

Asimismo, Piñeiro ha cuestionado el hecho de que la magistrada la haya considerado colaboradora necesaria del delito de prevaricación. "Porque pedí una subvención estoy aquí. Por eso, hago esa reflexión de que los 313 compañeros míos de Galicia, alcaldes y alcaldesas, es lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo", ha reiterado.

También ha destacado que le "sorprende muchísimo" que haya "algún párrafo en el que reconocen que había una parte del muro que no está hecha" pese a que puede observarse "a simple vista".

Sentencia 

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra consideró probado que la constructora, a la que la Diputación adjudicara en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación.

En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, la jueza explicó en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la ayuda a la Diputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas" y el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones".

La magistrada ordenó en la resolución el comiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de las gradas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto.

La investigación sobre este asunto fue uno de los múltiples frentes abiertos a raíz de la Operación Patos, de los que solo llegaron a juicio, además de este asunto relativo a las obras del campo de fútbol de Moraña, tres piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, cuyo juicio aún no se ha celebrado tras ser aplazado en varias ocasiones.