Este lunes se cumplen veinte años del 11-M, el episodio más oscuro de la historia reciente de España. El 11 de marzo de 2004, un atentado terrorista segó las vidas de 192 personas y dejó casi 2.000 heridos. Un suceso que se llevó a juicio tres años después en la Audiencia Nacional, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, para quien, en declaraciones a agencia EFE, la sentencia "dejó todo clarificado".
El texto, que supera las setecientas páginas, condenó a veintiún personas por su relación directa e indirecta, de las cuales tres fueron absueltas después por el Tribunal Supremo -que condenó a un absuelto de la AN-. De los dieciocho adultos -había un menor que fue declarado culpable- que recibieron sentencias firmes, tan solo tres siguen en prisión cumpliendo sus penas. Una de ellas es José Emilio Suárez Trashorras, quien hace poco pidió acogerse a la ley de eutanasia para "morir dignamente".
El avilesino fue condenado a un total de 34.715 años de cárcel y estará entre rejas hasta 2044. La Audiencia Nacional le señaló como responsable en concepto de cooperador necesario de 192 delitos de homicidio terrorista y 1.991 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa. La sentencia señala que también se encargó de falsificar las placas de la matrícula de un coche. Por este motivo, fue castigado con veinticinco años de prisión por cada homicidio, quince por cada delito de homicidio en grado de tentativa, diez años por cada uno de los cinco delitos de estragos terroristas y seis meses de cárcel por falsificar las placas.
Otro de los que siguen en prisión es Jamal Zougam, cuya salida de prisión está prevista también para 2044 tras ser sentenciado a un total de 42.922 años de cárcel. Él fue el encargado de colocar uno de los artefactos en el tren 21713 que salía de la estación de Alcalá de Henares. Además de ser condenado a treinta años por cada homicidio y veinte años por cada homicidio en grado de tentativa, la sentencia también le castiga con quince años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de estragos terroristas y doce años por pertenencia a banda armada.
Othman El Gnaoui también sigue en prisión tras ser condenado a 42.922 años de cárcel y abandonará la cárcel en 2044. En su caso, ayudó a transportar los explosivos desde Asturias hasta Morata de Tajuña, donde la banda tenía un piso franco. La Audiencia Nacional le sentenció por pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil ochocientos cincuenta y seis delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas. Además, la AN le señaló como culpable de un delito de falsedad en documento oficial con fines terroristas. Por este último delito le 'cayeron' doce años, a los que hay que sumar treinta por cada delito homicida consumado y veinte por cada homicidio en grado de tentativa.
El resto ya han salido de prisión
Hamid Ahmidan salió de prisión en 2017 y fue expulsado del país por el Ministerio del Interior. Su condena fue rebajada a 13 años tras ser condenado por la Audiencia Nacional a veintitrés. Doce años fueron por pertenencia a banda armada y once por un delito contra la salud pública "por tenencia preordenada al tráfico de sustancias que causan grave daño".
Por su parte, Rachid Aglif y Abdelmajid Bouchar fueron condenados ambos a 18 años de cárcel por un delito de integración en banda armada, organización o grupo terrorista y otro más por tenencia o depósito de sustancias explosivas. Fueron doce años por el primer delito y seis por el segundo. El primero fue entregado a Marruecos en mayo de 2022 tras cumplir su pena. Bouchar huyó del país, pero fue detenido un año más tarde, en 2005, en Serbia. Salió de prisión el pasado agosto.
Por otro lado, la Audiencia Nacional castigó con doce años de prisión por un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista a Fouad el Morabit (labores de captación y adoctrinamiento de futuros terroristas), Sael el Harrak (salió en 2017 y fue expulsado a Marruecos), Mohamed Bouharrat (se dedicaba a labores de captación, quedó libre en 2022) y Youseff Belhadj (era el enlace entre el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y la célula de Madrid, quedó libre en 2017 y fue expulsado). También a Mohamed Larbi Ben Sellam con doce años de prisión, que el Supremo redujo a nueve (se encargaba del reclutamiento y adoctrinamiento, salió en 2014 y fue deportado a Marruecos) .
Entre los que recibieron penas menores se encuentran Antonio Iván Reis, que fue condenado a tres años por transportar explosivos (cumplió condena en 2011), Sergio Álvarez (mismas condiciones) o Nasredine Bousbaa, castigada a dos años de cárcel por falsedad documental. En su caso, salió en 2010 y fue expulsado a Argelia.
Mahmoud Slimane fue sentenciado a dos años de prisión por falsedad documental y quedó libre en 2010, mientras que Hassan el Haski salió de prisión en 2019 tras ser condenado por pertenencia a banda armada al ser un dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Una vez cumplió condena, fue deportado a Marruecos, donde estará en prisión hasta 2029 por el atentado de 2003 en Casablanca. Entre los condenados también está Rafa Zouhier, condenado por tráfico de explosivos y colaboración con banda terrorista, ya que hacía de enlace entre la cédula de Madrid y los asturianos.
Por otro lado, Antonio Toro Castro, que fue absuelto por la Audiencia Nacional, fue condenado a posteriori por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión por ofrecer explosivos al comando. Por último, el menor implicado fue Gabriel Montoya Vidal, que era menor de edad. En su caso, la sentencia la firmó un juzgado de menores, que le castigó con seis años de internamiento en régimen cerrado para después pasar cinco años en libertad vigilada por traficar con explosivos.