La destitución deja a Trapero sin uniforme de 'major' y un paso más cerca de la cárcel

"La declaración unilateral de independencia no debería afectar a las actuaciones puramente jurídicas". Así han respondido fuentes fiscales a la pregunta de Vozpópuli sobre si el anuncio de secesión y la posterior destitución del major (jefe) de los Mossos d'Esquadra podría afectar al futuro judicial de Josep Lluís Trapero.

Sin embargo, el hecho objetivo de que Trapero haya sido sustituido por su hasta ahora número dos, Ferran López, y que la investigación que llevan a cabo en la Audiencia Nacional tanto el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo como la juez Carmen Lamela sigue avanzando, hacen que el exjefe de los Mossos esté un poco más desamparado, sin el uniforme de major, y por tanto un paso más cerca de su ingreso en prisión.

Las propias asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos de Policía Nacional veían que una posible detención de Trapero, mientras estaba al frente de los Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial compuesto por casi 17.000 agentes desplegados por Cataluña, era un problema.

La mera elección del cuerpo policial que debía arrestar a Trapero hubiera sido visto de forma muy diferente. Además, también hubiera podido ser un problema que un subalterno en los Mossos recibiera el encargo de detener a su jefe.

Si es llamado de nuevo a declarar a la Audiencia Nacional, la Fiscalía podría a reclamar por segunda vez su ingreso en prisión, tal y como ya solicitó la tarde del 16 de octubre tras declarar como imputado. Y esto ya no supondría un problema tan acuciante para el Ministerio del Interior, que ya ha apartado al conseller de Interior Joaquim Forn y al director de los Mossos Pere Soler, ambos independentistas.

Jané y Batlle

Forn y Soler, cuyos nombres aparecen en las conversaciones grabaciones realizadas por la Guardia Civil, sustituyeron antes del verano a Jordi Jané y Albert Batlle, partidarios de que la policía catalana se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley, según informa Efe.

El ministerio público rechazó recurrir la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que consideró en su auto que por el momento no aparecía todavía "suficientemente perfilada" la vinculación de Trapero "a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".

Pese a ello, Lamela acordó mantener la imputación de Trapero por un delito de sedición, con penas de hasta 10 años de cárcel, pero sobre todo estableció medidas cautelares personales para el agente, como la obligación de presentarse en un Juzgado cada quince días, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de pasaporte. La Fiscalía considera que Trapero, como autoridad, podía afrontar una posible condena de hasta 15 años por sedición.

Sin embargo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, se guarda un as en la manga en su intención de lograr el ingreso en prisión de Trapero. Que no es otro que ampliar los hechos por los que el agente está imputado por el delito de sedición, que hasta el momento se refieren al asedio de miles de personas a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante los registros ordenados por el juez de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Una funcionaria aseguró ante el juez Ramírez que "jamás" había sentido "mayor vergüenza y humillación" que el 20 de septiembre, cuando tuvo que "escapar cual delincuente" trepando por la azotea.

En este sentido, la secretaria judicial que el pasado 20 de septiembre participó en el registro de la Conselleria de Economía en una operación contra el 1-O aseguró en su declaración ante el juez Ramírez Sunyer que "jamás" había sentido "mayor vergüenza y humillación" que ese día, cuando tuvo que "escapar cual delincuente" trepando por la azotea, ante su "absoluto abandono".

La propia juez Carmen Lamela llegó incluso a preguntar a Trapero, que estaba realizando una declaración exculpatoria, que su testimonio no concordaba con el de la letrada de la Administración de Justicia que llevaba a cabo el registro del Departamento de Economía.

Nuevas diligencias

En una nota de prensa difundida el 19 de octubre a los medios de comunicación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional destacaba que el auto de la jueza se limitaba a evaluar la procedencia de medidas cautelares en relación exclusiva a la intervención de Trapero en los incidentes del 20 y 21 de septiembre: "La denuncia presentada por la Fiscalía se refería inicialmente a tales hechos, aunque ya se han incorporado diligencias que se extienden" hasta el 1 de octubre, en referencia a los informes de la Guardia Civil sobre la inacción de los Mossos el 1-O.

En este sentido, el auto de la juez Lamela dejaba abierta la posibilidad de revisar su decisión, y aludió a "las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró el testimonio de Trapero poco creíble, anunció entonces su intención de volver a evaluar la procedencia de otras medidas cautelares "una vez se amplíe el objeto del procedimiento y se incorporen nuevas diligencias", como por ejemplo los informes de la Guardia Civil sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1 de octubre.