Publicado: 17/02/2012 13:33
De la eficacia del Servicio Público de Empleo Estatal dice mucho la cifra de cinco millones largos de parados. El año pasado consumió un presupuesto directo de 40 millones de euros, al que hay que sumar otros 200, correspondientes a las nóminas de los 10.000 funcionarios que se reparten por las 623 oficinas centrales, las 2.666 direcciones provinciales, los 38 centros de formación y las 6.456 oficinas de empleo. Toda esta estructura solo sirvió para que en 2011 intermediara el 2,7% de los doce millones largos de contratos firmados en este periodo.
El Gobierno anticipa algunas soluciones, la principal de las cuales pasa por introducir a las agencias privadas de colocación en la tarea de buscar empleo a los parados. Hasta ahora, los servicios públicos estatales no solo han incumplido esta misión sino que tampoco han controlado el fraude, pues hay numerosos perceptores de paro metidos en la economía sumergida. “La duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo no parece excesiva, pero existe un elevado fraude”, reconoce el Gobierno en su memoria. Las agencias privadas de colocación contribuirán, en su opinión, a combatir las trampas y serán “una vía eficaz” para intermediar en el mercado laboral.
Uno de los efectos potenciales de contar con estas agencias, se insiste en la memoria, “es acortar la duración del desempleo y ayudar en la lucha contra el fraude en la percepción de las prestaciones”, ya que contactarán de forma frecuente con los parados para entrevistas de trabajo o firma de contratos. “De esta manera, si están trabajando de forma fraudulenta mientras perciben la prestación o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán la prestación”, advierte el Ejecutivo.
La ineficacia de los servicios públicos de empleo les convierte, en realidad, en meros gestores de más de 30.000 millones de euros, volumen que alcanza el gasto anual en el abono del paro.
El Gobierno considera en la memoria remitida al Congreso que en el largo plazo, la aplicación de la reforma laboral traerá un aumento de la competitividad de las empresas así como un menor gasto en prestaciones por desempleo.
El estudio se atreve a vaticinar también el número de beneficiarios por el sistema de bonificaciones puesto en marcha. De las ayudas destinadas al fomento de la contratación indefinida se aprovecharán 55.700 jóvenes y 13.250 mayores de 45 años.
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