La Junta recurrirá al TC y a Europa para evitar el derribo del Sotogrande de Extremadura

La Junta de Extremadura presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que acuerda la demolición total de la urbanización cacereña Marina Isla de Valdecañas y, llegado el caso, acudirá también a instancias internacionales, todo ello en defensa del interés general.

La Abogacía General de la Junta ya está trabajado en el recurso, para el que se dispone de un plazo de 20 días y cuyos argumentos jurídicos y estrategia procesal estarán orientados "a la defensa de los intereses generales", según ha informado este miércoles la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Pilar Blanco-Morales. En rueda de prensa, tras mostrar su respeto a la decisión del Supremo y a todas las partes en este proceso, ha afirmado que existen "fundados elementos" para ejercer esa impugnación, que se sustentará en la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva como pilar fundamental del Estado de derecho.

Según ha expuesto Blanco-Morales, la situación creada obliga a solicitar una aclaración en derecho para que el Constitucional explique por qué para restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida y se fundamenta en motivos medioambientales, se producirá "un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger". Así, ha señalado que la Junta discrepa de la solución que ha dado el Supremo porque las sentencias, además de aplicar la legalidad, "deben ser efectivas, no pueden ser contraproducentes, no pueden desconocer el bien jurídico que pretende salvaguardar", en este caso, la protección del medioambiente.

A su juicio, el acuerdo del alto tribunal "desconoce, ignora, desprecia la mejora palmaria del medioambiente que se ha producido en la zona, una zona que existe, está, es y podrá ser gracias a la intervención del hombre". En este sentido, Blanco-Morales ha subrayado que la isla de Valdecañas no existía antes del embalse, por lo que es una creación de la actividad humana "que primero trajo riqueza con el embalse y después con el complejo urbanístico" que, según ha dicho, ha generado mayores posibilidades de desarrollo "creando un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente".

"Punto de equilibrio"

Por este motivo, la vicepresidenta primera de la Junta ha asegurado que agotarán todas las opciones procesales, nacionales e internacionales -como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, que permitan encontrar una solución que concilie "de manera justa y efectiva" el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora "palmaria y significativa" del medioambiente en Valdecañas. Con este mismo propósito, reclamará también modificaciones en la legislación estatal para encontrar este "punto de equilibrio" y recurrirá a las instancias europeas para hallar soluciones que permitan compatibilizar la lucha contra la despoblación con la preservación del medioambiente, "algo con lo que siempre hemos estado comprometidos".