El Supremo pide un informe a la Fiscalía sobre las denuncias contra el Gobierno por la gestión del coronavirus

El Tribunal Supremo mueve ficha. La Sala de lo Penal ha solicitado este jueves un informe a la Fiscalía sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas desde la declaración del estado de alarma hasta la fecha contra miembros del Gobierno en relación a la crisis del coronavirus. 

Según ha precisado el Alto Tribunal en un comunicado, se trata de 36 denuncias y 15 querellas. Los magistrados, que aún no se han pronunciado sobre el contenido de estas acciones legales, han recurrido al ministerio público antes de adoptar cualquier decisión. Tras recibir el informe del fiscal, la Sala decidirá lo que proceda.

La primera denuncia contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegó al Supremo el 26 de marzo. El abogado Víctor Valladares Pérez acudió a la Sala de lo Penal para solicitar diligencias contra el presidente de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación y delitos de lesiones por imprudencia profesional al permitir la manifestación del 8 de marzo. La petición tuvo lugar horas después de que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitiera a trámite una denuncia del letrado contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Prado, por los mismos hechos. 

Un mes después de la primera denuncia, llegó la segunda. El 20 de abril Antonio Cortés Borges, letrado en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid, presentó un escrito contra el jefe del Ejecutivo por un presunto delito cometido por funcionario público contra derechos individuales. Según consta en el escrito, el abogado alegó que el estado de alarma y sus respectivas prórrogas han "vulnerado derechos de contenido fundamental". 

A la lista se suman varios colectivos profesionales que iniciaron acciones legales contra el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus: el sindicato de funcionarios CSIF; la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena; la Asociación Profesional de la Guardia Civil; el Consejo General de Enfermería de España; el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos; y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. La Fiscalía deberá informar sobre la competencia del Supremo para asumir dichas investigaciones, sobre los posibles casos de duplicidad y sobre el fondo de los asuntos denunciados.