Anticorrupción y la UCO aprecian hasta cinco delitos tras la Caja B del PP de Madrid

Malversación de caudales público, cohecho, falsedad documental, delito electoral, prevaricación y blanqueo de capitales. Es la lista de delitos que los investigadores del caso Púnica perciben tras la financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Así consta en numerosos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y en varios escritos de la Fiscalía Anticorrupción que obran en el sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Según se desprende del conjunto de documentos aportados a la macrocausa de corrupción, el partido conservador habría financiado sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de un complejo entramado de empresas, fundaciones y facturas falsas para rebasar el límite de gasto fijado por la ley y eludir el control de la Cámara de Cuentas.

Al frente de la trama, los investigadores sitúan al exconsejero madrileño y número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados y al exgerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez. A partir de un cuaderno con anotaciones hallado en el domicilio del primero, los agentes del Instituto Armado han desarrollado su investigación durante más de dos años. La Fiscalía asegura que se estableció "una red de decisión y ejecución cohesionada" entre los altos cargos del Partido Popular.

Los investigadores han analizado cientos de contratos públicos amañados, donaciones de empresarios y subvenciones de la Comunidad de Madrid a la Fundación Fundescam (vinculada con el Partido Popular), desde la que se desviaban fondos para el partido. Uno de los encargados de conceder esas subvenciones era precisamente el sucesor de Aguirre, Ignacio González.

Delitos penados con cárcel

Por su parte, empresarios como Arturo Fernández, investigado por la concesión de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, también realizaban donaciones. La actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, también se ha visto envuelta en el caso, pues los investigadores la señalan por presidir en aquella época la Mesa de Contratación. Sin embargo, ni el juez ni la Fiscalía han visto indicios suficientes para actuar contra ella. 

Pero para la financiación irregular del PP también se hizo uso de otras empresas públicas y organismos que entregaban dinero a empresarios, parte del cual, según han constatado los agentes, volvía luego a las cuentas del partido. En total, la Fiscalía cifra ahora el exceso de gasto en casi cinco millones de euros repartidos a lo largo de 2007, 2008 y 2011, con 2.685.000, 685.000 y 1.546.000 euros respectivamente. 

Tras esta operativa fraudelenta, los fiscales y la UCO creen que se pudieron cometer delitos tan graves como el blanqueo de capitales -penado con hasta seis años de prisión en el Código Penal- o malversación de caudales públicos -penalizado con hasta tres años de cárcel según nuestra legislación-. 

Asimismo, en esta pieza separada de Púnica, tanto la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco han llegado a una conclusión clara: las donaciones que los distintos empresarios hacían a los populares tenían carácter finalista. Es decir, estos ayudaban al PP a cambio de que el partido les facilitara la obtención de  adjudicaciones públicas en aquellos territorios donde gobernaban. El hecho de que los investigadores hayan llegado a esta conclusión permite acreditar que el delito de cohecho.