El delegado de Gobierno se defiende: "No había ningún elemento para prohibir el 8-M"

Tras tres meses de investigación, la juez que instruye el 'caso 8-M' ha escuchado la versión del delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. El investigado ha negado las conclusiones recogidas en los informes de la Guardia Civil y del médico forense, así como las acusaciones presentadas en la denuncia original. "No había ningún elemento para prohibir el 8-M", ha dicho a la prensa a su salida del Juzgado. 

Franco ha asegurado que su declaración "ha consistido en dejar perfectamente claro que la actuación del delegado del Gobierno ha sido siempre con apego a la ley y con arreglo a las noticias que se iban teniendo de los expertos en relación al coronvirus".

El delegado del Gobierno ha comparecido al figurar como principal investigado en la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. Ha acudido la tarde de este miércoles, acompañado de su defensa, a los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, por citación de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. A su llegada ha rechazado dar declaraciones a la prensa.

La declaración ha tenido lugar después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordara seguir con las pesquisas y rechazara la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de archivar las diligencias. Ambas habían requerido el cese de las pesquisas al considerar que no había indicios de delito.

La conclusión de la Guardia Civil

La juez dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. 

La magistrada intenta determinar si el Ministerio de Sanidad alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid antes del 8 de marzo. La Policía Judicial ha asegurado en sus informes que el equipo de Franco sí era consciente del peligro. 

"Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil. 

El informe forense

El médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también ha presentado sus conclusiones en una segunda entrega de su informe. El especialista, encargado de investigar la celebración del 8-M en plena expansión del coronavirus, ha concluido que la Delegación del Gobierno en Madrid "tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba la covid-19 para la salud de los madrileños" y que no avisó ni a los organizadores ni a los manifestantes. Según su análisis, ya en febrero "había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria".

En el documento, el especialista también ha valorado la actuación del delegado del Gobierno en Madrid. Ha precisado que el organismo que dirige había emitido previamente unas órdenes muy claras de protección para sus trabajadores, lo cual contrasta con "haber permitido encuentros masivos de personas". "Es como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera", ha señalado.

Ronda de testigos

En el marco de las diligencias, la juez también ha acordado la citación de 11 testigos. Tres de ellos han acudido la tarde de este miércoles. Está previsto que los ocho restantes comparezcan este jueves por la mañana en el Juzgado.

En la lista de citados destacan ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid. Cuatro forman parte del equipo a cargo de gestionar las manifestaciones y figuran en el informe de la Guardia Civil en el que se advierte a la juez de "la posible intencionalidad" del delegado de evitar que quedara registro del intento de impedir algunas concentraciones por el brote de la covid-19.