Tribunales

El delegado del Gobierno en Madrid, citado a declarar como imputado por el 8-M

La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid ha puesto fecha a la declaración dos meses después de que diera a conocer la imputación por un presunto delito de prevaricación

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. EP

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, tendrá que declarar el próximo 5 de junio, a las 9.00 horas. La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid ha puesto fecha a la citación dos meses después de que diera a conocer la imputación por un presunto delito de prevaricación. El interrogatorio se realizará, preferiblemente, vía telemática; "en caso de optar por la modalidad presencial deben acudir con los medios de protección y adoptando las medidas de prevención que exijan las autoridades sanitarias competentes".

Según consta en la providencia, recogida por Vozpópuli, ese mismo día también han sido citados en calidad de testigos el secretario general de la Delegación de Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz Moriñigo; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas

La juez Carmen Rodríguez-Medel dirige desde el pasado 25 de marzo una investigación contra Franco por supuestamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. Por estos hechos, se le atribuye un presunto delito de prevaricación.

Destitución en la Guardia Civil

En el marco de las pesquisas, la magistrada ordenó una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense cuando admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. El informe del forense determinó que no era posible acreditar una "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación y contagiarse de coronavirus. Tras analizar el documento, acordó retirar la imputación por un presunto delito de lesiones y mantener la investigación solo por el delito de prevaricación. 

Manifestación del 8-M en Madrid.
Manifestación del 8-M en Madrid. EFE

Este mismo lunes, antes de que trascendiera la citación de Franco, el Ministerio del Interior informó del cese del máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La investigación que su unidad estaba realizando sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y el papel que desempeñó el delegado del Gobierno han propiciado su destitución. 

En la providencia, la titular del Juzgado ha reiterado a la Policía Judicial a cargo de las pesquisas que deben guardar “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”. En este sentido ha insistido en que solo se informará a la magistrada de las actuaciones realizadas.

Petición de información a Sanidad

La juez ha ordenado una nueva batería de diligencias. Ha instado a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad que informe a la unidad de Policía Judicial antes del 1 de junio sobre un informe de 3 de marzo 2020 titulado "Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19". La magistrada ha reclamado conocer los detalles sobre la "distribución o difusión" del texto y si fue o no remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid.

Imagen de la manifestación del 8-M en Madrid.
Imagen de la manifestación del 8-M en Madrid. EFE

Asimismo, ha pedido información sobre el comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, de 6 de marzo de 2020, que versa sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante la pandemia.

Posibles filtraciones

En la providencia, la juez ha denunciado "que el resultado de algunas de las diligencias de investigación están difundiéndose en los medios de comunicación". En este sentido, ha advertido a las partes personadas (Fiscalía y Abogacía del Estado), así como al personal del juzgado "que la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal".

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