El secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, ha admitido ante la juez que investiga al delegado José Manuel Franco que conocían los riesgos del coronavirus antes del 8-M. Según han asegurado a Vozpópuli fuentes jurídicas, el testigo ha reconocido que tenían conocimiento de las resoluciones del 6 y 7 de marzo emitidas por la Dirección de Salud Pública relativas a las medidas sanitarias en centros de mayores porque leían el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ha matizado, sin embargo, que no tenían información vinculada a las manifestaciones.

Talavera es el primero de los 11 testigos citados a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Su versión respalda la declaración del delegado del Gobierno: no podían prohibir las concentraciones. Este mismo miércoles, Franco ha asegurado que "no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M" y que "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios".

Aunque es la primera vez que comparece ante la juez, Talavera ya había respondido a preguntas del juzgado en el marco de los oficios requeridos los primeros dos meses de investigación. Según consta en el primer informe de la Guardia Civil, el 20 de abril el secretario general de la Delegación del Gobierno informó a la Policía Judicial que no había recibido ninguna comunicación sobre la covid-19 por parte de la Comunidad de Madrid hasta después del 14 de marzo, cuando ya se había decretado el estado de alarma.

Los correos de la Comunidad de Madrid

El pasado abril, el equipo de Isabel Díaz Ayuso desmintió su versión e informó a la magistrada de que la Dirección General de Salud Pública sí había avisado al departamento del Ejecutivo sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo. 

Tal y como adelantó Vozpópuli, la Comunidad de Madrid envió la notificación a través de sendos correos electrónicos un día antes de la concentración. En ambos se adjuntaron las resoluciones publicadas el 7 de marzo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) relativas a las medidas sanitarias en los centros de mayores y en los centros de salud. 

Ya en abril, la juez emitió un auto en el que requirió a la Delegación del Gobierno que informara sobre cuándo había recibido las resoluciones. En el marco de la petición, detalló el contenido de ambos escritos y destacó que -tal y como ha admitido este miércoles el secretario general- fueron publicados en el BOCM el pasado 7 de marzo, un día antes de la manifestación por el Día de la Mujer y una semana antes de que el Ejecutivo decretara el estado de alarma.

Las conclusiones de la Guardia Civil

La declaración de este miércoles ha tenido lugar un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordara seguir con las pesquisas y rechazara la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de archivar las diligencias. Ambas habían requerido el cese de la causa al considerar que no había indicios de delito.

La juez dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. 

La magistrada intenta determinar si el Ministerio de Sanidad alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid antes del 8 de marzoLa Guardia Civil ha asegurado en sus informes que el equipo de Franco sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil.