Puigdemont trata de convencer a Bélgica de que sería juzgado en España por un tribunal militar

Carles Puigdemont intenta ganar el respaldo de Bélgica ante la euroorden emitida esta semana por el Tribunal Supremo. El equipo de defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña revisa minuciosamente la legislación belga y los movimientos de la Justicia española para evitar la extradición. Fuentes cercanas al líder independentista han asegurado a Vozpópuli que sus abogados usarán las recientes declaraciones del magistrado Manuel Marchena, quien presidió el Tribunal que dictó la sentencia del procés, para convencer a Bruselas de que no le entreguen porque en España sería juzgado por un tribunal militar.

Las defensas se refieren a lo dicho el miércoles por Marchena sobre la "dificultad" que tendría el Alto Tribunal para juzgar a Puigdemont y al resto de dirigentes soberanistas huidos en caso de que fuesen detenidos y entregados a la Justicia española. El juez explicó, durante su comparecencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar su cargo, que 13 de los 15 magistrados que componen la Sala de lo Penal ya habían participado en la causa del procés.

Fuentes cercanas al expresident entienden de estas declaraciones que, ante la falta de jueces en el Supremo, no estarían excluidos del turno de sustitución magistrados de la Sala de lo Militar. Según las mismas fuentes, esta imagen podría beneficiar a Puigdemont ante las autoridades belgas. Por este motivo, el equipo de abogados ha acordado incluir las afirmaciones del ponente de la sentencia contra los exmiembros del Govern en su recurso a la orden europea de detención y entrega.

Sin embargo, tal y como adelantó Vozpópuli, el Poder Judicial ha movido ficha y ha aprobado las bases para convocar una nueva plaza para Sala de lo Penal. Con esta, que se suma a las dos ya convocadas, el número de magistrados que no habrían participado en labores judiciales en relación al procés sería de cinco. Es decir, que el Supremo podría conformar un tribunal suficiente para juzgar a Puigdemont o a cualquier otro líder independentista fugado.

Euroorden

La estrategia de Puigdemont responde a la euroorden emitida el pasado lunes 14 por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien, tras notificarse la sentencia de la causa del procés, dictó el auto y ordenó su detención por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión.

El juez Llarena alegó que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de procesamiento "cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado".

La Justicia belga ha pedido a las autoridades españolas una traducción de la información enviada antes de proceder al examen del caso. Fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que se dará respuesta a la petición "a lo largo de la semana que viene".

Malversación sin corrupción

Fuentes de la defensa confían en que la normativa de Bruselas salvará al líder catalán de la extradición al no contemplar la malversación, tal y como lo hace la legislación española. Las mismas fuentes han explicado a Vozpópuli que en Bélgica este delito "conlleva llevarte dinero"; es decir, que además de contemplar el desvío de fondos públicos considera también el enriquecimiento del acusado. "Y en esta causa nadie se ha llevado dinero; nunca se les ha acusado por esto", han subrayado.

Puigdemont aseguró en varias ocasiones estar preparado ante la reactivación de la euroorden y dijo que "si al final de ese recorrido jurídico hay una extradición inevitable", la afrontaría.