El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles firmó el 16 de abril un convenio con la Fundación Bosch i Gimpera, cuya presidencia ostenta Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona que llegó al cargo en diciembre de 2020 con el apoyo de la Asamblea Nacional Catalana.

El acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de un trabajo de análisis sobre el impacto económico que suponen las Fuerzas Armadas sobre la economía española, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la presentación del convenio se recoge que su objetivo es promover el desarrollo de la cultura de defensa con arreglo a lo recogido en la Directiva de Defensa Nacional 2020, “con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales”.

Para ello, refleja el texto del BOE, la cartera que dirige Margarita Robles recoge la importancia de ofrecer “una información veraz y atractiva” que favorezca el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y “su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano”.

Defensa apoyará a la Fundació Bosch i Gimpera con la cantidad máxima de 25.000 euros más IVA con cargo a los presupuestos correspondientes al ejercicio económico de 2021. Por su parte, la Fundació Bosch i Gimpera asumirá un gasto de 20.000 euros correspondientes a equipos informáticos, recursos bibliográficos, y equipamiento de oficina.

Uno de los apartados del convenio especifica que la información que, en el marco de la ejecución del convenio, obtenga la Fundació Bosch i Gimpera del Ministerio de Defensa, con la expresa autorización de éste para su explotación, tendrá la consideración de “uso público” y no tendrá restricciones.

Sin información clasificada

Por el contrario, señala el acuerdo, el resto de la información que se revelen mutuamente o a la que puedan acceder durante las actividades amparadas por este convenio, tendrá la consideración de “uso oficial”, por lo que se comprometen a guardar la debida reserva sobre dicha información durante el periodo de vigencia del convenio y con posterioridad a la extinción de éste. Queda excluida del convenio la información clasificada del Ministerio de Defensa, que no puede ser cedida a organismos o personas que no cuenten con los acuerdos o habilitaciones de seguridad pertinentes.

Uno de los puntos que recoge el articulado del convenio es que, en el supuesto de que el personal investigador o alumnado participante, u otro personal no militar, haya de acceder a instalaciones del Ministerio de Defensa con motivo del desarrollo de las actividades previstas “no podrá introducir, ni exhibir, en dichos recintos, símbolos, distintivos, lemas impresos, etc., que, por su contenido, o por las circunstancias en las que se muestren o usen, puedan menoscabar el principio de neutralidad institucional o vulnerar las normas de seguridad”.

El texto de Defensa señala que “en caso de incumplimiento de esta condición de acceso y permanencia” y no deponer su actitud, “se le invitará a abandonar la correspondiente instalación militar”.

Por su relación con la Universidad de Barcelona(UB) la Fundació Bosch i Gimpera tiene como presidente de su patronato al rector de dicha institución, Joan Guàrdia, catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología y que fue el candidato apoyado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en las elecciones al cargo. Una de las primeras personas en felicitarlo en su día fue Elisenda Paluzie, ex decana de Economía del centro antes de liderar la entidad independentista.

Según informó el Ministerio de Defensa a Servimedia, el motivo de que se haya elegido a la Fundación Bosch i Gimpera es que el equipo del profesor Jordi Suriñach, del Laboratorio de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, ya realizó un estudio similar publicado en el año 2014 con datos de los años 2010-2011. “El presente convenio busca una actualización de ese proyecto de investigación que se consideró riguroso y satisfactorio en su momento”, afirmó.

La cartera que dirige Margarita Robles aclara que “el equipo de investigación no va a acceder a ninguna información clasificada, pero los criterios que aplica el Ministerio de Defensa sobre el intercambio de documentación con centros académicos en España son siempre los mismos”.

Por otra parte, en lo que respecta a las prevenciones a la hora de acceder a recintos militares, el Ministerio asegura que “es una pieza común para todos aquellos convenios que requieren el acceso por parte de personal investigador a instalaciones del Ministerio de Defensa”.