La aplicación del Real-Decreto de alarma enfrenta al Poder Judicial con el Ejecutivo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encabezado por Carlos Lesmes, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que dos comunidades autónomas, en concreto Andalucía y Canarias, no han asignado el número adecuado de funcionarios a los órganos judiciales, por lo que según su opinión, no están garantizando los servicios esenciales durante la crisis del coronavirus.

Pese a que la queja se refiere a las dos comunidades citadas, es decir Canarias y Andalucía, el escrito se dirige al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que tras aprobarse el Real-Decreto del estado de alarma es el encargado de coordinar la actividad de los funcionarios de Justicia de las diferentes comunidades autónomas.

El desencuentro entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo (Gobierno central y autonómicos) se hizo evidente después de que Carlos Lesmes acordara el pasado 31 de marzo crear las denominadas comisiones de seguimiento que velarían por la correcta la aplicación del Real-Decreto en los Tribunales Superiores de Justicia. En concreto, les encargó que analizaran si efectivamente se estaban prestando los servicios esenciales.

Si estas comisiones de seguimiento detectaran algún problema, advertía Lesmes, tenían que reclamar a las Administraciones autonómicas, "a la mayor urgencia", la adopción de las decisiones necesarias para garantizar a los ciudadanos la tutela judicial. Y en el caso de que las administraciones no solucionaran el déficit de funcionarios ya sería el Consejo General del Poder Judicial el que acudiera ante el Gobierno central.

Acusado de boicot

Esta actuación del Poder Judicial han sido duramente criticada por los sindicatos de la Administración de Justicia que consideran que Carlos Lesmes trata de impedir el cumplimiento de una resolución dictada por el Ministerio de Justicia que permitía a los funcionarios permanecer en sus domicilios, aunque localizables, para poder incorporarse a su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible para prestar una actuación esencial.

Las seis organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) han reprobado, en una nota conjunta, la actuación del Poder Judicial y de Carlos Lesmes, a quien acusan de utilizar "una táctica de sabotaje" para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia y de las autonomías.

Los funcionarios acusan a Lesmes, en concreto, de pedir que se aumenten las plantillas en los órganos judiciales establecidas por las Administraciones central y autonómicas "sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo".

Sin embargo, en una nota de prensa el Poder Judicial informó este jueves que Andalucía estableció "un régimen presencial muy limitado, que no permite asegurar ni garantizar la debida prestación de los servicios esenciales que han sido determinados, singularmente en grandes partidos judiciales".

Además, el órgano de Gobierno de los jueces concluye que “el insuficiente régimen presencial no asegura el conocimiento inmediato y la coordinación de las actuaciones de registro, reparto y decanato, así como la calificación de los asuntos urgentes y esenciales".

El caso de Canarias

En Canarias, el Poder Judicial sostiene que esta Comunidad ha "invadido" competencias que no le corresponden -al señalar, por ejemplo, que las actuaciones de los Juzgados de Guardia y de Violencia sobre la Mujer se realizarán, siempre que sea posible, de forma telemática- y que “no incluye la atención presencial por parte de un funcionario en cada una de las secciones penales en las Audiencias Provinciales”. Tampoco ha asignado funcionarios presenciales "para los Juzgados de Primera Instancia, de lo Contencioso-Administrativo, Mercantiles y de lo Social”.

Esta forma de actuar de Carlos Lesmes, consideran por su parte los sindicatos, no es leal con el resto de administraciones, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos: "Alentamos al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para que continúen poniendo freno a esta irresponsabilidad del Poder Judicial", concluyen.