Publicado: 09/03/2019 05:15
Con dos ‘presos sombra’ que no le dejan solo ni un minuto, vigilado por funcionarios en todo momento, bajo tratamiento médico psiquiátrico, en una celda acristalada en el módulo de enfermería de la prisión de Soto del Real, sin acceso a lectura ni televisión y con permiso para salir solo 30 minutos al día al patio.
Así permanece Alberto Sánchez, el joven de 26 años conocido como el ‘caníbal de Ventas’ que fue arrestado por haber matado, descuartizado y almacenado en táperes los restos de su madre para cocinarlos y comérselos.
Una primera evaluación psicológica cuando ingresó en ese centro penitenciario determinó activar en su caso el Programa de Prevención de Suicidios, que se suele aplicar a un preso en riesgo muy alto de quitarse la vida. Ya lleva tres semanas así, según confirman fuentes penitenciarias.
El mencionado protocolo antisuicidio establece la posibilidad de tener un ‘preso de apoyo’, reclusos experimentados y entrenados para que hagan de mentor y compañía constante a internos en situación de riesgo. En el caso de Alberto Sánchez, debido a su condición, son dos los reclusos que hacen de su sombra.
Una situación que se prolongará hasta que la juez de instrucción número 53 de Madrid reciba los informes psiquiátricos pertinentes y proceda a su juicio por homicidio con la agravante de parentesco.
Los experimentados agentes de policía que llegaron al domicilio de Alberto Sánchez el pasado 22 de febrero nunca habían visto un crimen igual. Un erasmus de descontrol y drogas en Grecia cambió para siempre la manera de actuar y comportarse de este joven con perfil psicótico que, según fuentes cercanas a la investigación, había agredido a su madre al menos en 12 ocasiones anteriores a su asesinato y que difundía en sus redes sociales vídeos 'rapeando' en los que rimaba frases como: “No existe cura para mi locura” o “No sé la mierda que digo pero si te quiero hundir te entierro”.
Solo dos psiquiátricos penitenciarios de España
Según explican desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los informes psiquiátricos forenses y la futura condena del juez decidirán en el futuro si este joven continúa en una prisión común bajo condiciones especiales o si pasa a alguno de los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que existen en España, concretamente en Fontcalent (Alicante) y Sevilla.
“Aquí y en Sevilla es donde acaban las personas que han cometido los delitos más horripilantes que se pueda uno imaginar”, indica un funcionario de prisiones de Fontcalent. "Llamar a esto un hospital psiquiátrico es como comparar un McDonald's con un parque de atracciones", añade.
Por esta institución han pasado los autores de otros crímenes atroces a los que, por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal, se diagnosticó un desorden psiquiátrico tan grave como para no considerarlos responsables de sus actos.
Fue el caso de Noelia de Mingo, una médico que en 2003 mató a cuchilladas a tres personas en la clínica de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. O el de Francisco García Escalero, el conocido como 'el matamendigos', que en los años noventa confesó haber asesinado al menos a 11 personas. Ambos pasaron por Fontcalent.
“Aquí y en Sevilla es donde acaban las personas que han cometido los delitos más horripilantes que se pueda uno imaginar”, indica un funcionario de prisiones de Fontcalent
Noelia de Mingo se reinsertó en la sociedad y actualmente se encuentra en libertad bajo tratamiento y supervisión médica desde 2017 tras haber cumplido once de los 25 años de cárcel a los que fue condenada. Por el contrario, García Escalero permaneció internado y bajo control estricto en Fontcalent hasta su muerte.
“Que un interno sea trasladado a uno de estos dos hospitales psiquiátricos penitenciarios se determina en función de las evaluaciones psicológicas del juzgado, y usualmente lo habitual es que se haga cuando hay una sentencia firme”, señalan fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
¿Presos o enfermos mentales?
En los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla los presos también están separados por módulos, pero a diferencia de las prisiones comunes aquí los internos "no se clasifican por grados" en función de su peligrosidad, sino que se les trata en virtud de un "criterio facultativo especializado", según explica Instituciones Penitenciarias.
Es decir, los reclusos no están separados en función de la gravedad de los delitos que cometen sino de acuerdo al grado de su enfermedad mental. "Priman los criterios de los médicos por encima de los delitos", reconoce una fuente de esta institución dependiente del Ministerio del Interior. Además, en caso de acción violenta contra otros reclusos o guardias, los internos de estas instituciones no están sujetos a sanciones disciplinarias en aislamiento o endurecimiento de la condena.
En Fontcalent, según precisa un funcionario que trabaja en esa institución, hay tres módulos: uno para internos con brotes psicóticos agudos, otro para pacientes con brotes psicóticos profundos que no requieren de situación de aislamiento y un tercero para trastornos de la personalidad menos graves.
¿Saturación carcelaria?
"El problema es que en cada módulo tenemos en torno a 100 sujetos, a veces todos ellos en una misma sala viendo la televisión, asistidos solo por dos funcionarios de vigilancia, un auxiliar de clínica y uno o dos psiquiatras por turno", añade este funcionario.
ACAIP, sindicato mayoritario de trabajadores de instituciones penitenciarias, denuncia falta de personal y abandono de los centros de Fontcalent y Sevilla, inaugurados en 1983 y 1990, respectivamente, y los únicos que sobreviven en España desde el cierre en los noventa del psiquiátrico penitenciario que había en el madrileño barrio de Carabanchel.
Sin embargo, según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no se puede hablar abiertamente de sobrepoblación de internos en estas instituciones. En Fontcalent, con capacidad para 324 reclusos, hay actualmente 290 internos, mientras en Sevilla hay 177 reclusos en 74 celdas comunitarias.
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