La huelga de letrados de la administración de justicia, conocidos como los "LAJ", se prolonga de manera indefinida desde el pasado 24 de enero. La consecuencia, en palabras de la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, han causado un "grave daño": concretamente, la suspensión de 329.500 juicios y vistas y dejar 392.000 demandas pendientes de reparto, según cifras del comité de huelga.
La titular de Justicia ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha señalado que, a pesar de los daños provocados por el paro indefinido de los letrados, debe defender el interés general, lo que no "pasa por aprobar cualquier acuerdo y hacerlo a cualquier precio". Son declaraciones con las que Llop ha respondido a los portavoces que la han acusado de dejar morir el conflicto esperando a que se rindan.
Las reivindicaciones de los letrados son "maximalistas" y carentes de realismo
Llop ha garantizado que desea "más que nadie un acuerdo", pero le es imposible aceptar las reivindicaciones de los huelguistas, que califica de "maximalistas", y continúa a la espera de propuestas "realistas" y "razonables". Según las cifras del comité de huelga, se han suspendido ya más de 329.500 juicios y vistas y hay 392.000 demandas pendientes de reparto.
En opinión de Llop, todo el mundo tiene derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo si cree que sus condiciones laborales no son adecuadas, pero los letrados deben explicar "por qué no es adecuada" la subida del 14,76 % aplicada a sus nóminas entre 2022 y 2024, ya que al incremento consensuado para todos los funcionarios se añade un complemento retributivo de 206,87 euros al mes acordado con los sindicatos para este colectivo.
Los LAJ cobran entre 40.000 y 60.000 euros anuales, al margen de complementos por productividad y sustituciones, tal y como ha querido resaltar la ministra. La petición del colectivo en estos momentos implica una subida de 1.000 euros en los salarios mensuales, lo que "no supone la base para un entendimiento mínimo". El Ministerio, por su parte, ha presentado "alternativas muy válidas" que beneficiarían a los 1.906 letrados que menos ganan, pero que han recibido "una negativa cerrada" del comité de huelga.
Un conflicto heredado de anteriores legislaturas
La ministra de Justicia ha aprovechado su intervención para lanzar un dardo a sus antecesores en el cargo, apuntando a que ha heredado el conflicto de gobiernos anteriores. Sus predecesores, dice, se limitaron a cambiar el nombre del colectivo: los hoy letrados son los antiguos secretarios judiciales". Un cambio que, sin embargo, no atacó al problema de fondo. "El trascurso de los años sin adoptar ninguna solución da lugar a posiciones maximalistas", ha lamentado.
A pesar de defenderse, Llop reconoce que la huelga genera perjuicios importantes para ciudadanos y profesionales de la justicia, algo por lo que asegura que continuará dialogando con los letrados en busca de un acuerdo. Ha resaltado, eso sí, que los letrados han puesto sobre la mesa reivindicaciones de 2009 y 2003 y lo han hecho en un año electoral.
