España

Un manifiesto pide poner fin al confinamiento por ser "fascista, ineficaz, humillante, traumatizante y destructivo”

Juan José R. Calaza, Andrés Fernández Díaz, Joaquín Leguina y Guillermo de la Dehesa han firmado la declaración, titulada 'Contra el confinamiento de la población'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma. EP

Un manifiesto titulado 'Contra el confinamiento de la población' pide poner fin a la medida del confinamiento por ser "fascista, ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva”. La decisión del Gobierno, sostienen los firmantes, está "aniquilando la economía española, con el pretexto de proteger a las personas más afectadas por la epidemia en curso", esto es, para garantizar la seguridad de quienes "tienen más de 60 años, rango demográfico en el que se concentran el 96% de fallecidos".

Los firmantes "se oponen absolutamente a susodichas medidas" y recalcan que son "mayores de 70 años": Juan José R. Calaza, Andrés Fernandez Díaz, Joaquín Leguina y Guillermo de la Dehesa. Por ello, han lanzado un manifiesto en el que "explican detalladamente las razones técnicas, generacionales, económicas y humanas de su oposición" a un confinamiento que es "una medida fascista, ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva que supone más problemas que soluciones".

"Sorprende la visión cortoplacista y chapucera de medidas draconianas, tomadas en España, cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc., debidos al confinamiento obligatorio, serán sin duda devastadores", aseveran, sobre una medida que califican de “arresto domiciliario”, "sin que en este caso previamente haya habido juicio ni sentencia, y es, por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente, sin ningún tipo de base científica".

El manifiesto íntegro

Los abajo firmantes tenemos 60 años o más (algunos rondamos los ochenta) categoría demográfica en la que se han registrado hasta la fecha  96% de fallecimientos por la Covid-19 en España. Sucede que si los abajo firmantes  hemos vivido hasta edades relativamente avanzadas es porque en la juventud, nuestros padres y nosotros, entendimos que los contagios forman naturalmente parte de la vida en sociedad al potenciar la inmunidad de grupo. Lo cual no excluye estimular el avance de la ciencia en vacunas. Ahora, en nuestro nombre se han tomado medidas de confinamiento que estigmatizan a las personas mayores haciéndolas responsables, ante los jóvenes, del desastre económico que en marcha por no hablar del que nos espera. Y tanto es así que partidos políticos anti-constitucionalistas e independentistas propugnan medidas de confinamiento extremosas, descontando una crisis peor que la del 2008, en aras de abonar el terreno a sus nefastas y no ocultadas pretensiones. Los abajo firmantes nos oponemos al confinamiento –por ineficaz, humillante, traumatizante y destructivo-  y apelamos a la responsabilidad individual adoptando personalmente  medidas de protección en orden al distanciamiento social aunque aconsejamos aplicar el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas y guantes fuera del hogar.

 Asimismo, solapando cálculos sobre dos años, teniendo en cuenta que quizás vuelva estacionalmente la enfermedad, incluso poco después de poner fin al confinamiento, consideramos que, si bien es preferible no infectarse nunca,  la infección de parte de la población, digamos el 70%, propulsa una forma de Herd immunity.  La cual protegerá a los mayores el próximo invierno habida cuenta que muchas personas son reacias a vacunarse y desconocemos los efectos secundarios de una eventual vacuna. El contagio ha sido, de todas formas, imparable y seguirá. La tasa de letalidad real posiblemente sea baja, doble en hombres que en mujeres siendo la incidencia igual en ambos sexos, pero  sube en general a partir de 60 años, especialmente en varones mayores de 80 con patologías previas que representan el 50% de fallecimientos. En España, ciertamente, salimos perjudicados respecto a Corea del Sur por un factor 1,4 (14% de la población con más de 70 años; 10% en Corea) pero la gran diferencia en el número de fallecidos en ambos países radica en la utilización de mascarillas fuera del hogar: inmediatamente obligatorias en Corea del Sur en los primeros focos. Al no haber medicación milagrosa contra la Covid-19 en manos de un solo país, los sistemas de salud de los países occidentales son, prácticamente, igualmente eficientes. No lo son en cuanto al día a día de otras enfermedades. Están muriendo personas en España por causas distintas a la Covid-19 al crearse plétoras y cuellos de botella en urgencias. Es un mito que el “aplanamiento” de la curva epidémica por confinamiento de la población salve muchas vidas. Y las pocas que relativamente  pudiese salvar, en el corto plazo, sería a costa de multiplicar los fallecimientos en el medio y largo plazo. El aplanamiento de la curva evita, quizás tropeles en urgencias, pero no frena los contagios en medio y largo plazo. Pocas vidas salva la descongestión de urgencias. Lo que salva vidas es la prevención y utilización masiva de mascarillas cuando aún no se ha alcanzado un umbral critico de contagio y protegiendo, desde un principio, a ancianos que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias y otros lugares.

No obstante, hay que relanzar inmediatamente la economía para que jóvenes y trabajadores en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá de medios para mantener un sistema de salud eficiente capaz de salvar vidas en el futuro. El aplanamiento de la curva epidémica, en el corto plazo,  solo se consigue, eventualmente, con un inasumible coste económico siendo, en el medio/largo plazo, peor el remedio que la enfermedad. La tasa de letalidad en trabajadores es muy baja, menos del 0,4%, inferior, por ejemplo, a la de la gripe (influenza) que cursa en este momento: 0,8%. No se puede cerrar una fabrica de automóviles por una gripe; mucho menos, toda la economía. Hay que volver a poner el país a producir.  Si en las guerras se pide a los jóvenes que den un paso al frente para defender la Patria, en la actual situación somos las personas mayores de 60 años las que decidimos asumir el sacrificio moral, y eventualmente vital, por los jóvenes y el resto de la población. Con todo, ello no justifica que las personas con baja esperanza de vida sean relegadas en urgencias: la persona sintomática grave que llega debe ser atendida antes que la siguiente. Incoherentemente, la discriminación contradice de lleno la finalidad del confinamiento: no se confina a la población para evitar el contagio a personas de menos de 60 años, con baja tasa de letalidad, sino con más de 60, que, por definición, tienen menor esperanza de vida. Ni cabe posponer la atención a una persona de 95 años, con baja esperanza de vida, en favor de otra de 65 con esperanza superior por su estado general de salud. La dignidad de la persona, de cualquier persona, no debe jerarquizarse por aplicación discriminatoria de discutibles criterios de eficacia utilitarista.

En una joya del profesionalismo científico, John P. A. Ioannidis (“A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”, 17/03, STAT)  Professor of medicine, of epidemiology and population health, of biomedical data science, and of statistics at Stanford University,  argumenta solventemente que los datos suministrados por distintos gobiernos y la OMS son un completo fiasco en cuanto a la confianza que podemos depositar en ellos. La principal laguna es que no sabemos cuántas personas han sido infectadas realmente hasta hoy por el virus Sars-CoV-2. Sin información fiable es arriesgado tomar decisiones, difícil corregir el impacto de la pandemia y probable cometer monumentales dislates. Ejemplo canónico de dislate: el estado de alarma impuesto en España. No así en países que confían más en la autonomía y responsabilidad personal respetando cierto distanciamiento social. Guantes y mascarillas, incluso de buena fabricación casera, son realmente las únicas medidas de protección relativamente eficaces. Y quienes deseen confinarse voluntariamente son libres de hacerlo.  Esto es lo importante. Posicionarse contra el confinamiento obligatorio no excluye que las personas con riesgo se confinen y tomen voluntariamente todas las medidas de protección necesarias y recaben la protección del Estado que debe ser la misma en toda España.  Lo otro, “aplanar la curva” y “el dilema entre mitigar y suprimir” son pamplinas dado el desconocimiento general de la verdadera tasa de letalidad del virus emergido en noviembre 2019. Ni el intimidatorio modelo matemático del Imperial College de Londres se sostiene en datos sólidos, de ahí que dispare en todas direcciones esperando acertar en alguna. El modelo anticipa el número de muertos en ausencia de medidas de distanciamiento social, sin conocer la tasa real de letalidad, pero los modelistas evitan estimar precisamente los fallecimientos si se aplican las susodichas medidas. Dicen que las medidas adoptadas ya han salvado vidas. Cómo lo saben comparativamente si no se han aplicado medidas alternativas, verbigracia, concentrando los esfuerzos en evitar el contagio de persona con patologías.  Obviamente, desconoceremos la capacidad predictiva del modelo.

Sorprende la visión cortoplacista de medidas draconianas, tomadas en España, cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc., debidos al confinamiento obligatorio, serán sin duda devastadores. Esas medidas, confinamiento y distanciamiento social, no garantizan la disipación estacional de la pandemia ni evitan su vuelta, el próximo otoño. Por no hablar de la economía, a la que se le planta literalmente fuego con el señuelo de cientos de miles de millones de euros que van a dejar caer desde helicópteros. Es lamentable que países latinos europeos que han pulverizado sus economías, consecuencia de las exageradas medidas impuestas,  pidan a Holanda y Alemania que las salven emitiendo eurobonos.  Más razonablemente -contraejemplo de esa miopía decisoria impuesta irracionalmente a una sociedad absolutamente desinformada, aterrorizada y sin datos fiables en que apoyarse- algunos países calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con la estructura productiva en funcionamiento, en la medida de lo posible,  para evitar el colapso económico susceptible de debilitar los sistemas nacionales de salud en el futuro.

La situación es tan grave desde el punto de vista científico que ningún país dispone de datos en los que se pueda confiar suficientemente, esto es, nadie conoce la prevalencia del virus en una muestra aleatoria no sesgada representativa de la población general. A medida que hospitales e improvisados centros se vean desbordados solo se harán pruebas a los casos más severos, de mayor riesgo aparente, con lo cual aumentará la letalidad artificialmente empeorando el sesgo de selectividad. El primer fallecido de la Covid-19, en España, fue diagnosticado post mortem, no estaba en las listas de infectados reportados. Suponiendo que en ese momento hubiese 100 personas contagiadas, con un R0 cercano a 3 para el Sars-CoV-2, pueden estimarse alrededor de 500.000/800.000 infectados en pocos días  días. Con crecimiento exponencial, si el número de infectados dobla en seis días, la mitad, desde el principio de la infección,  se habría infectado los seis últimos días.  En cualquier caso, el número de infectados reales es entre 12 y 15 veces superior al reportado por el Gobierno. Con esos datos, no sorprendería que el sacrificio económico resultase inútil  al ser inevitable el contagio de gran parte de la población sin haber previsto ni actuado en favor de quienes no pueden protegerse por sí mismos. Es vergonzoso, casi criminal,  el desamparo de personas  mayores residenciadas.

Con estas estimaciones –tomadas con minuciosa precaución- el aplanamiento de la curva epidémica quizás carezca de sentido. Salvemos al menos la economía y el futuro de los jóvenes. El confinamiento, desde el punto de vista de la administración judicial constituye “arresto domiciliario”, sin que en este caso previamente haya habido juicio ni sentencia, y es, por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente, sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores. Que, en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad. Pronto los jóvenes nos harán responsables de la hecatombe económica culpándonos de haberles bloqueado el futuro. España no podrá encajar dos crisis seguidas.  Primero, epidémica; después, económica. El país quedará abatido hasta la melancolía enfermiza, noqueado por falta de perspectivas, hundido en el pesimismo nihilista. Todo ello será encauzado por los enemigos de la nación para inventarse una sarta de nuevos agravios comparativos que pueden resultar fatales a la democracia y a los españoles de bien. Ya que no fueron capaces de evitar la primera crisis evitemos la segunda. 

Juan José R. Calaza (Economista y matemático)/ Andrés Fernández Díaz (Catedrático emérito Política económica UAM) / Joaquín Leguina (Estadístico Superior del Estado)/ Guillermo de la Dehesa (Economista del Estado).

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