España

¿Qué es el estado de alarma y quién puede decretarlo para frenar el coronavirus?

Lo aprueba el Consejo de Ministros. El Congreso lo controla y autoriza su prórroga. Permite limitar derechos pero no suspenderlos. Pone bajo un mando único la coordinación de todas las administraciones

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Ante un número de contagios por coronavirus que ha crecido de forma exponencial a pesar de las medidas de contención dictadas hasta ahora, el Gobierno ha decretado el estado de alarma recogido por el artículo 116.2 de la Constitución. Aunque su nombre no invita a la calma, ofrece herramientas para gestionar catástrofes o crisis sanitarias como la actual. "Estamos ante una situación dinámica, no estática", reconocía el propio Pedro Sánchez tras anunciar un plan de choque contra los efectos económicos del contagio.  

En cuarenta años de democracia, España sólo lo ha activado una vez, a consecuencia de la huelga de los controladores aéreos en 2010. Y la aplicación por la que se militarizó a los mismos no estuvo exenta de polémica por la interpretación que hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de una norma excepcional para solucionar un conflicto laboral que consiguió paralizar un servicio público esencial. 

Regulado por la ley orgánica 4/1981, faculta al Ejecutivo para: limitar la circulación; requisar bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir industrias; limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; o impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados o el funcionamiento de los centros de producción. 

En efecto, "permite delimitar espacios para la circulación de personas o mercancías, o habilitar la intervención de medios privados -no para expropiarlos- sino para llevar a cabo una gestión pública de los mismos, obviamente con una compensación", explica el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno Linera. "Por ejemplo, utilizar las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)de centros sanitarios privados" o "movilizar a personal con formación sanitaria que no esté en activo y que puede ser vital para reemplazar o, al menos, ayudar a quienes están en activo", añade. 

"Es lógico aplicarlo. Desde el punto de vista del respaldo legal para el Gobierno es el instrumento idóneo para proteger su posición jurídica", comenta el catedrático de la Universidad de Sevilla, José María Morales

Aunque "no permite suspender ningún derecho, sí los puede limitar temporalmente", recuerda. De hecho, quien sienta que sus derechos están siendo vulnerados puede recurrir ante los tribunales y exigir responsabilidades por los daños que le hayan podido causar las medidas decretadas. 

Puede afectar sólo a una parte del territorio, a varias con distinta intensidad o directamente a todo el Estado

Corresponde al Ejecutivo concretar los efectos así como delimitar su aplicación espacial. La ventaja que ofrece el estado de alarma es que puede afectar sólo a una parte del territorio, a varias con distinta intensidad o directamente a todo el espacio nacional. Además, la presidencia de una Comunidad Autónoma también puede solicitar al Ejecutivo central que lo active.

A partir de su entrada en vigor, todo el personal de las diferentes administraciones queda a las órdenes de un único mando operativo. Esto "puede facilitar la coordinación entre los funcionarios de los Ayuntamientos, las Comunidades y los servicios médicos", explica Presno Linera. 

Duración: 15 días prorrogables

La duración inicial del estado de alarma es de quince días, aunque Moncloa puede prorrogarlo. Para ello sí necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados, que controla la aplicación desde su inicio. La presidenta Meritxell Batet recibiría el decreto del Gobierno y lo remitiría a la Comisión constitucional, que podría recabar la información y documentación que estimase oportuna del Ejecutivo. 

Los grupos parlamentarios pueden presentar sus propias propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga

Sin embargo, este mismo jueves la Cámara bajo acordó suspender durante al menos quince días los trabajos parlamentarios después de que varios diputados hayan dado positivo por coronavirus. Esta decisión sin precedentes no está exenta de problemas. De hecho, la ley incide en que la declaración de la emergencia "no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado". 

Según el artículo 165 del Reglamento del Congreso, el decreto debe ser "sometido inmediatamente al Pleno, convocado al efecto si no estuviere reunido, incluso en el período entre sesiones". El máximo órgano de la Cámara baja cuenta con la posibilidad del voto telemático, que se utilizará el próximo día 24 para votar algunos decretos pendientes de convalidación. Si el Gobierno solicita la prórroga, los grupos parlamentarios pueden presentar sus propias propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la misma

El estado de excepción

Para un escenario extremo donde todo se viese desbordado, la Constitución prevé un grado mayor que el estado de alarma. Pero requeriría que la situación se descontrolase. El Gobierno tendría la posibilidad de recurrir al estado de excepción; una figura nunca aplicada en España con un alcance mucho más grave que permite la suspensión de derechos recogidos por la Carta Magna.

Este nivel sí necesita la autorización previa del Congreso de los Diputados, que debe aprobar (con o sin modificaciones) o denegar la propuesta que le remita el Ejecutivo central. El plazo de aplicación no podría exceder de treinta días, prorrogables a otros treinta con el visto bueno del Congreso. 

Aunque está pensado para hechos de una naturaleza distinta a las del estado de alarma, expertos jurídicos consultados ven un encaje legal en base al artículo 13.1. de la Ley, si la situación se complicase de forma extrema. Podrá decretarse cuando "el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo". 

Podrá decretarse cuando "el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo"

Una de las cuestiones que está sobre la mesa para evitar la expansión del contagio del coronavirus es la posibilidad de decretar el cierre de alguna de las regiones con más incidencia, como ya ha ocurrido en Italia o en algunas localidades de Cataluña como Igualada, Vilanova del Camí, Òdena y Santa Margarida de Montbui. Son medidas que, aunque apoyadas en leyes orgánicas, chocan con el artículo 19 de la Constitución, según el cual "los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional". 

El estado de excepción es mucho más preciso en lo referente a la libertad de movimientos (artículo 20 de Ley 4/1981). Si la autorización del Congreso comprende la suspensión del artículo diecinueve de la Constitución, "la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir".

También "podrá delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas" o "exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual". Para esto último, el Gobierno debe "tener fundados motivos en razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga la persona afectada por tales medidas". 

Asimismo, el estado de excepción también permitiría prohibir manifestaciones o protestas en las calles como la del pasado 8 de marzo. "Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo veintiuno de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. También podrá disolver las reuniones y manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior", dice la Ley. 

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