Publicado: 30/06/2017 07:27
La clave del requerimiento judicial que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha llevado a cabo este jueves en La Razón se remonta al año 2009. En concreto, los agentes han acudido a la sede del rotativo del grupo Planeta buscando documentación que acredite el convenio de patrocinio que el periódico de Mauricio Casals y el grupo Zed firmaron entre los años 2009 y 2012 por valor de dos millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción y el titular de Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tratan de averiguar si a través de este convenio de publicidad se desviaron fondos públicos al citado periódico, según ha podido saber Vozpópuli.
El instructor de la operación Hanta investiga al presidente de La Razón Mauricio Casals por un delito de tráfico de influencias al considerar que el directivo habría "maniobrado" para el grupo Zed, liderado hasta el pasado mes de abril por Javier Pérez Dolset, obtuviese ayudas públicas del Ministerio de Industria.
En aras de ahondar en esta línea de investigación, agentes de la UDEF se han personado este jueves en la sede del periódico La Razón llevando a cabo un requerimiento judicial de información sobre Mauricio Casals. Los policías han extraído información del despacho del citado ejecutivo y volcado datos de su ordenador personal, según informan fuentes jurídicas.
Por su parte, este diario ha emitido este jueves un comunicado donde sostiene que "ni La Razón ni su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente" así como que se ha entregado "toda la documentación" que se le ha solicitado desde el juzgado numero 6 de la Audiencia Nacional.
Por otro lado, el grupo Planeta sostiene que "viene denunciado las irregularidades en la gestión por parte del presidente y los administradores del grupo Zed desde junio de 2011". Este grupo empresarial ya ha anunciado que se va a personar en el presente procedimiento judicial como acusación particular por el perjuicio económico que se le ha causado, cifrado en "120 millones".
Según informan fuentes del caso está previsto que los seis detenidos por la operación Hanta pasen este viernes a disposición judicial.
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