Publicado: 19/10/2015 14:56
La directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, Dolores Agenjo, ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que sí recibió presiones por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat, que dirigía la exconsellera Irene Rigau –imputada junto con Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega en la causa de la consulta ilegal- para que abriera el instituto que dirigía.
Agenjo, hoy prejubilada, ha contradicho al propio Artur Mas que la semana pasada declaró como imputado en esta causa y que aseguró que los directores no fueron presionados para abrir. Así, ha declarado todo lo contrario: "No entregué las llaves a la Generalitat para celebrar aquella consulta ilegal de autodeterminación, pero recibí los días previos presiones para abrir el instituto". Esas "presiones" se materializaron en forma de "llamadas y de emails" que obran en poder del juez y han sido aportados por la propia Agenjo.
"No entregué las llaves a la Generalitat para celebrar aquella consulta ilegal, pero recibí los días previos presiones para abrir el instituto", asegura Agenjo
Asimismo, la exdirectora ha declarado ante el juez que "semanas antes de la consulta alternativa", asistió a una reunión con responsables de Educación en que se le dieron "instrucciones" para que entregara las llaves, lo que ella interpretó como un presión porque de negarse podría acarrear consecuencias negativas para su carrera profesional, tal y como explicó la semana pasada en una entrevista exclusiva concedida a Vozpópuli. La testigo ha añadido que, a raíz de su negativa a entregar las llaves del instituto para que se instalaran las urnas, recibió correos electrónicos amenazantes, sin que se haya sentido apoyada por el Departamento de Enseñanza, aunque también ha precisado que no se las comunicó a la ningún responsable de la Generalitat.
Responsabilidad "política" en el 9N de Artur Mas
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, asumió la "responsabilidad" como "promotor político" de la consulta del 9N en su declaración como imputado por un presunto delito de desobediencia, aunque matizó que la "ejecución" corrió a cargo de los voluntarios. Por su parte, la conseller de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, coincidieron un día antes en su declaración como imputadas, al asegurar que el proceso participativo del 9N fue organizado por voluntarios y que por tanto no desobedecieron la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.
el centro de prensa del 9N costó 140.000 €
La Generalitat pagó 140.000 euros por el montaje de la carpa de la Fira de Montjuïc que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9N, y dio indicaciones a la empresa Focus sobre su instalación los días posteriores a que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la consulta. Así lo ha explicado este lunes el administrador de Focus Daniel Fernández, en su declaración como testigo ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N, según han informado fuentes judiciales.
Según Fernández, esa partida de 140.000 euros formaba parte de un contrato que Focus tenía con la Generalitat para realizar diferentes montajes e instalaciones a lo largo de todo el año 2014. La fecha en que la Generalitat dio instrucciones a Focus es relevante para las acusaciones ya que, para determinar si el gobierno catalán incurrió en desobediencia al TC, el TSJC centra su investigación en los actos que llevó a cabo a partir del 4 de noviembre en que la consulta fue suspendida.
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