Publicado: 02/02/2020 05:15
El Tribunal Constitucional considera vulnerados los derechos de tres detenidos por yihadismo que finalmente fueron absueltos. Son tres individuos vinculados en su día a los atentados del 11-M en Madrid y a la célula de Al Qaeda en España. Pidieron ser indemnizados por el Estado con cantidades millonarias por el tiempo que pasaron en prisión preventiva, pero tanto el Ministerio de Justicia como la Audiencia Nacional rechazaron sus pretensiones.
En total piden 6.739.912,19 euros. Ahora el Tribunal Constitucional abre la puerta a que sean indemnizados al declarar la nulidad de las sentencias de la Audiencia Nacional y las resoluciones administrativas que denegaban su compensación económica. El Alto Tribunal ordena que las reclamaciones de los tres afectados vuelvan al punto de partida y se estudien de nuevo sin afectar a su derecho a la igualdad a la presunción de inocencia.
El Ministerio y la Audiencia Nacional se basaban en que sólo procede indemnizar cuando hay una inexistencia objetiva del hecho delictivo o cuando quede acreditada la falta de participación del acusado. Niegan que exista un derecho fundamental a obtener una reparación económica por haber sufrido prisión provisional.
Cambio de doctrina
Sin embargo, el Tribunal Constitucional recuerda un reciente cambio de doctrina y se remite a la sentencia dictada el pasado 31 de octubre por unos hechos similares. El alto tribunal declaraba inconstitucional ese requisito de la “inexistencia del hecho imputado” al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y a la presunción de inocencia. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli indican que esto afecta de manera retroactiva a todos aquellos a los que se les denegasen indemnizaciones por el mismo motivo siempre y cuando lo solicitasen dentro de plazo.
Abdelilah El Fadual El Akil es uno de los tres beneficiados por esta postura. Pide 441.110,82 euros de indemnización al Estado por haber pasado 1.566 días en la cárcel. Fue detenido en Ceuta el 11 de abril de 2004 y la Audiencia Nacional le condenó a una pena de nueve años. En 2008 el Tribunal Supremo le absolvió de todo al considerar que, si bien contribuyó al traslado de los explosivos, no había pruebas para acreditar que sabía de los planes finales del grupo de atentar.
El afectado denunció que se estaba dando lugar “a una tercera categoría entre la inocencia y la culpabilidad” puesto que le denegaban la indemnización solicitada en función de la causa de la absolución. Como los otros dos casos, solicitaba que se declarase la nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional y de la resolución administrativa y que se ordenase retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución administrativa, para que se dicte una nueva respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Moutaz Almallah
El segundo es Moutaz Almallah Dabas. Reclama 394.200 euros por 1.314 días en prisión provisional. Español de origen sirio, fue acusado de colaboración con organización terrorista por lo que la Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel. Tenía un piso en Madrid en el que, según los investigadores, se reunieron varios de los autores de la matanza de Atocha. Detenido en su día en Reino Unido, no fue entregado a España hasta 2007.
La Audiencia Nacional le terminó absolviendo en octubre de 2011. Los jueces entendieron que esta persona compartía los postulados yihadistas, pero no había pruebas para determinar que hubiese colaborado o prestado apoyo logístico a los terroristas. Moutaz Almallah ya avanzaba en su recurso que la cuestión tenía “especial trascendencia” porque ofrecía la oportunidad al Tribunal Constitucional “de aclarar o cambiar su doctrina sobre esta materia.
Abu Musab
El tercer recurrente es Ghasoub Al Abrash Ghalyoun, alias Abu Musab. Se le vinculó con la red española de Al Qaeda, en concreto por proporcionar a la organización de Ben Laden vídeos de las Torres Gemelas de Nueva York y otros posibles objetivos. Él defendió que esas grabaciones habían sido simplemente turísticas. Lleva pleiteando desde el año 2006. Fue acusado y juzgado. La Fiscalía pidió para él una pena de 62.509 años de cárcel.
Finalmente resultó absuelto de todos los cargos por sentencia de 26 de septiembre de 2005 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No consiguieron probar su participación en los hechos. En su caso pide mucho más dinero que los otros dos absueltos, un total de e 5.904.601,37 euros, más intereses legales y moratorios en concepto de indemnización por 255 días en prisión preventiva.
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