El Consejo Fiscal ha aprobado por un solo voto de diferencia el informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. El empate en la votación entre fiscales conservadores y progresistas se ha resuelto con el voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

En concreto, los cinco miembros de la Asociación de Fiscales (AF) han votado en contra, presentando al tiempo un texto alternativo que critica con dureza la reforma. A favor se han pronunciado los cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a los que hay que sumar el voto del jefe de la Inspección Fiscal, que es miembro nato del Consejo. El empate se ha resuelto por el voto de Delgado.

Los vocales de la AF, que es la asociación mayoritaria en el cuerpo, defienden que el anteproyecto tiene una redacción "confusa, calculadamente ambigua y contradictoria" y consideran que merece "ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".

El Anteproyecto contempla la creación de la figura de un Fiscal de Sala que estaría especializado en la investigación de hechos que puedan constituir violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y que también tendría competencias para alentar los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

"Derecho a descubrir la verdad"

La AF considera que los familiares de los fallecidos o desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo "tienen derecho al descubrimiento de la verdad" con la ayuda y respaldo de las Administraciones públicas, pero discrepan en la idea de que esos procedimientos tengan que desarrollarse dentro de una investigación penal.

Según explican en un comunicado, "los denominados juicios de la verdad no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial".

Según el informe aprobado, el nuevo Anteproyecto, que tiene sus precedentes en la Ley de Memoria Histórica, pretende “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”, y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de “las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado”.

El Anteproyecto, continúa, sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares.

Defiende la creación del nuevo fiscal de sala especializado porque “supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Permite, además, la delegación del Fiscal General, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos.

El Pleno del Consejo Fiscal ha aprobado también los informes relativos al Anteproyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Eurojust, el proyecto de Real Decreto sobre prórroga de nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos, el Proyecto de Resolución del Ministerio de Justicia por la que se regula la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia y la propuesta de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort.