El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que incluye una disposición que amplía la suspensión de desahucios para personas sin alternativa habitacional.

El decreto, aprobado el mes pasado por el Consejo de Ministros, se ha convalidado ahora con 188 votos a favor, 154 en contra y ocho abstenciones; también se ha aprobado que sea tramitado como proyecto de ley con procedimiento de urgencia, recoge EFE.

PP, Ciudadanos y Vox han acusado al Gobierno de querer amparar y legalizar a la okupación a través de esta medida y, durante el debate, han anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Desde los populares, Cuca Gamarra ha considerado que el decreto no tiene "medidas reales" a favor del consumidor vulnerable y "queda al descubierto" en sus disposiciones finales que lo que se quiere es "dar protección" y "amparar" a los okupas.

"Nada hay más vulnerable para un consumidor que estar bajo sus competencias" y este decreto es "un ataque a la propiedad privada", ha achacado Gamarra al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"Ustedes quieren llevarnos a la colectivización", ha añadido.

Ciudadanos, ha calificado como "disparate" y "tropelía" el decreto por querer "justificar" un supuesto de "okupación"

La diputada de Vox Alicia Esteban ha defendido asimismo el derecho a la propiedad privada frente a los "malhechores" que "okupan" las casas y ha subrayado que "no hay democracia sin propiedad privada".

Ha asegurado que en España faltan dos millones de viviendas sociales y que el Gobierno es incapaz de solucionar esta situación y lo hace "a costa de la confiscación de los bienes y ahorros de los españoles".

"Disparate" y "tropelía"

Además, ha acusado a Garzón de que desde su ministerio "se ocupe de los okupas" y que él mismo sea "un ministro okupa que consume la propiedad ajena".

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha calificado como "disparate" y "tropelía" el decreto por querer "justificar" un supuesto de "okupación" e ir en contra del artículo 245 del Código Penal de delitos sobre el patrimonio.

UPN también se ha mostrado contrario a este decreto por "poner alfombra roja a los okupas".

No es cierto que se este protegiendo delincuentes" ni atacando "el derecho a la propiedad privada", ha enfatizado el PSOE

Mientras el ministro de Consumo se ha limitado a defender el contenido del decreto respecto a la figura de los consumidores vulnerables, mayores, menores de edad, del ámbito rural o personas sin educación digital, la diputada socialista Marisol Sánchez ha sido quien ha contestado a las críticas de la derecha y les ha acusado de "meter miedo".

Sánchez ha avisado a Vox de que "se empieza diciendo que el ministro es un okupa y se acaba ocasionando 'okupaciones' de la sede del Congreso por creer que es ilegitima, ilegitimando las instituciones".

"No es cierto que se este protegiendo delincuentes" ni atacando "el derecho a la propiedad privada", ha enfatizado Sánchez, sino que se especifica que se da un plazo de tres meses para que los servicios sociales busquen una solución habitacional.

Suspensión del procedimiento de desahucio 

La disposición criticada por la derecha se refiere a la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, pero que solo se contempla durante el estado de alarma por la pandemia, ha recalcado.

Ustedes tienen miedo desde el sentido liberal de perder el capital que acumulan", dicen desde Unidas Podemos

Laura López, de Unidas Podemos, ha contestado asimismo a la derecha criticando que equiparen vulnerabilidad a algo peyorativo y les ha pedido que se lean bien el artículo 47 de la Constitución que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna; "¿solo tienen las páginas de la propiedad privada?", les ha preguntado.

"Ustedes tienen miedo desde el sentido liberal de perder el capital que acumulan, pero esto va de que nadie se quede en la calle, no confundan a las personas", ha concluido.