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España

Se disparan las condenas por corrupción en el primer trimestre del año

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos de afectación el dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política

Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid
Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid. EFE / Rodrigo Jiménez.

Los juzgados y tribunales españoles procesaron a 119 personas por delitos de corrupción -de ellas 34 jurídicas- en el primer trimestre de este año, 74 más que en el mismo periodo de 2002, cuando fueron 45, solo una de ellas jurídica, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recoge EFE. En el mismo periodo dictaron quince sentencias sobre estos delitos, diez de las cuales fueron total o parcialmente condenatorias y cinco absolutorias, y concluyeron nueve procedimientos, en los que se acordaron apertura de juicio oral o procesamiento contra las citadas 119 personas. Así se recoge en el repositorio de datos del CGPJ sobre este tipo de procedimientos, correspondientes a la denominada corrupción pública, entendiendo que es esta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos de afectación el dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política. Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.

La mayoría de las personas físicas, 66, fueron procesadas en Andalucía, otras diez en Madrid y ocho en la Comunidad Valenciana, y respecto a las jurídicas, 32 en Andalucía y las otras dos en Madrid

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