Tribunales

El concejal que tiró de la manta en Gürtel ya solo aspira al indulto: el Supremo no le salva

El exedil del PP en Majadahonda José Luis Peñas ha sido condenado en firme a cuatro años y nueve meses y tendrá que ingresar en prisión. Su abogado anuncia que solicitará la medida de gracia

José Luis Peñas durante la entrevista
José Luis Peñas durante la entrevista Javi Martínez

José Luis Peñas era concejal en Majadahonda cuando en 2007 aportó a la Policía 18 horas de grabaciones con dirigentes regionales del PP. Así nació el caso Gürtel. Trece años después, Peñas se encuentra en la nómina de 29 condenados en firme por el Tribunal Supremo. Tendrá que entrar en prisión para cumplir una pena de cuatro años y nueve meses. Aunque recurrirá el fallo ante el Tribunal Constitucional, su aspiración es que un indulto le anule la condena.

“Se trata de una sentencia histórica que ha cambiado nuestro país. Si hay un ciudadano que merezca un indulto por la dignidad de su acto contra la corrupción política en este país, ese ciudadano es José Luís Peñas”, asegura en declaraciones a este periódico su abogado Ángel Galindo. No es la primera vez que se vincula la opción del indulto con este concejal.

Cuando la Audiencia Nacional le condenó en 2018 a la misma pena confirmada ahora por el alto tribunal, la Fiscalía anticorrupción ya anunció que apoyaría la medida de gracia para Peñas. El Ministerio Público hizo público este anuncio ante el tribunal de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia y antes de iniciarse las vistillas sobre los condenados en las que se deciden si ingresan en prisión provisional los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos.

Dos años grabando

En una entrevista concedida a Vozpópuli decía sentirse orgulloso de la sentencia pese a que le pudiese llevar a la cárcel y aseguraba que lo volvería a hacer “sin duda”. Peñas comenzó en 2005 a acudir a las reuniones del PP de Majadahonda, uno de los epicentros de la trama, con una grabadora en el bolsillo. Durante dos años fue recopilando audios comprometedores hasta que se presentó en la sede de la UDEF de la Policía para denunciar una trama corrupta que acabaría muchos años después provocando la caída de un Gobierno del PP.

Ha sido condenado por los delitos de fraude continuado y malversación continuada, concurriendo una atenuante muy cualificada de confesión. Su abogado recuerda la Directiva de la Unión Europea que mejorar la protección a los denunciantes de corrupción y que todos los países miembros tienen la obligación de transponer a su ordenamiento jurídico.

Algunos abogados de los condenados pidieron en sus recursos ante el Supremo la nulidad de las grabaciones realizadas por Peñas. La sentencia concluye que no se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones porque las reuniones de los particulares fueron libres y espontáneas y la decisión de Peñas de grabar las conversaciones no fue provocada por la Policía. Concluyen que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable.

El tribunal recuerda que grabó y registró sus propias manifestaciones personales y esas grabaciones, aportadas posteriormente a la investigación, estuvieron sujetas a los principios y garantías. El Supremo avala una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas.

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