Comunidad Valenciana

El PSOE no contempla que Sánchez acuda a la investigación por la DANA en las Cortes Valencianas

Los socialistas critican que Vox presida la comisión y en el Ayuntamiento de Valencia no quisieron formar parte de la comisión informativa sobre la riada

  • Pedro Sánchez con Diana Morant en el congreso del PSPV -

La citación de Pedro Sánchez para que participe en la comisión de investigación sobre la Dana que las Cortes Valencianas han constituido se da ya por segura: PP y Vox lo incluirán en su listado de comparecientes, mientras que Compromís se lo piensa. Lo que parece prácticamente descartado es que el presidente del Gobierno atienda esa llamada, según las fuentes consultadas por Vozpópuli en el PSOE.

Tampoco está previsto que acuda a esa citación la que fuera ministra de Transición Ecológica durante la riada, Teresa Ribera, según las mismas fuentes. Otra cuestión es qué hará el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien se ha puesto en manos de la Abogacía del Estado para dirimir esa cuestión cuando sea citado. Todo apunta a que tampoco estará presencialmente.

La presidencia de Vox

El pasado fin de semana en el congreso del PSPV que ratificó a Diana Morant como secretaria general, los socialistas valencianos, los ministros que pasaron por Valencia y el propio presidente del Gobierno criticaron con dureza la gestión de Carlos Mazón durante la Dana y con posterioridad a ella.

Hubo también censura generalizada al hecho de que la presidencia de la comisión de investigación en las Cortes Valencianas haya recaído en Vox. Los socialistas restan "credibilidad" a esa comisión que queda "en manos de negacionistas del cambio climático" y han puesto así la primera piedra del muro que quieren situar entre los parlamentarios autonómicos y los responsables del Ejecutivo central que tuvieron alguna relación con la gestión de la Dana.

El plante en el Ayuntamiento

La primera pista sobre la negativa a que los cargos del Gobierno o de organismos dependientes comparezcan en este tipo de comisiones de investigación parlamentaria presididas por Vox o PP se produjo durante la comisión informativa que se celebró en el Ayuntamiento de Valencia. En las tres sesiones diferentes que se celebraron no acudieron los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Aemet y del Ejército, por orden gubernamental.

En las Cortes Valencianas, la comisión de investigación tiene ahora un plazo de 30 días para presentar el plan de trabajo y elaborar un calendario con el listado de comparecientes. Sí es segura la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien acudirá a esta comisión y a las que se celebran en el Senado y próximamente en el Congreso.

Sin penalización

A diferencia de la obligatoriedad que existe de comparecer en el Congreso y el Senado por mandato constitucional, en el caso de las Cámaras legislativas autonómicas ese mandato es más ambiguo, por lo que Sánchez y los miembros del Gobierno tendrán una vía de escape, aunque debe de estar bien justificada.

Las personas citadas tienen obligación de acudir y de contestar a las preguntas salvo en el caso de que las mismas puedan comportar una lesión del derecho al honor; a la intimidad personal y familiar; cláusula de conciencia; secreto profesional; a no confesarse culpable; a no declarar contra sí mismo; y también a no declarar sobre su ideología, religión o creencias.

La realidad, sin embargo, es que el delito de desobediencia que se puede aplicar a quienes desoigan la citación de una comision de investigación en el Congreso de los Diputados y el Senado no concurre en el caso de la que se definirá en las Cortes Valencianas durante el próximo mes.

PP y Vox pueden utilizar esta presumible negativa de los miembros del Gobierno (veremos también si de su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé), mientras que Compromís quedará en una coyuntura complicada al expresar su portavoz, Joan Baldoví, que no quiere vetos de ninguna persona.

Lo que quedará también en manos de la Mesa de las Cortes Valencianas es enviar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación si considera que es relevante. Y probablemente así será habida cuenta de la gran cantidad de denuncias que hay ya presentadas contra diferentes gestores públicos.

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