Rus vuelve a 'irrumpir' en las elecciones 8 años después: el fiscal pide el archivo

La figura del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha vuelto a emerger en las cercanías de unas elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad Valenciana 8 años después de que sucediera por primera vez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que archive una de las piezas de la macrocausa de Taula en la que el propio Rus y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla estaban acusados de provocar sobrecostes en la empresa pública Ciegsa, al estar prescrito el delito de cohecho.

El 1 de mayo de 2015, a tres semanas de que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana, Rus sacudió la campaña al salir a la luz una grabación en la que, presuntamente, se le escuchaba contando dinero.

Aquello, pese a que muchos no reconocen su voz en aquel audio difundido por la Cadena Ser, acabó con su trayectoria política que en aquel entonces pasaba por la Presidencia de la Diputación de Valencia y la presidencia provincial del PP. Fue el preludio del desmoronamiento del PP en las urnas tanto a nivel autonómico como municipal.

Otro contexto

Ese poder institucional el PP valenciano ya no lo ha recuperado y ahora el Ministerio Público vuelve a poner a Rus en la palestra a 39 días de las elecciones municipales y autonómicas en la región. El contexto, ahora, es diferente. El PP aspira a recuperar el cetro autonómico y también las principales ciudades de la Comunidad Valenciana.

El escrito del fiscal hace referencia a una de las piezas de la causa –la G– que investigaba el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa cuyo cometido era la construcción de centros educativos. Partidos como el PSOE y Compromís llegaron a cifrar en mil millones de euros el desfase económico y que esas partidas hinchadas, destinadas a empresas adjudicatarias de manera arbitraria, habrían acabado en la financiación ilegal del PP, aunque la investigación minoró sustancialmente esas cantidades.

En esta pieza que, a buen seguro, acabará archivada después de que Anticorrupción lo haya pedido, también estaba acusado Marcos Benavent (el 'yonki' del dinero) y las irregularidades se habrían cometido entre los años 2033 y 2007.

Sin correlación entre pagos y adjudicaciones

Tras varios años de pocos o casi nulos avances la Fiscalía entiende que los posibles delitos habrían prescrito atendiendo al Código Penal de 1995 que establecía esa prescripción en los tres años. En el escrito del fiscal también se justifica la petición de archivo en el hecho de que "no puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos a los investigados".

Esta petición no significa que el fiscal no considera que hubiera pagos irregulares, al contrario, afirma que tanto Rus como Caturla sí habrían percibido dinero pero sin que haya podido establecer la conexión con las obras adjudicadas por Ciegsa.

Para ello, recuerda el audio que se reveló en 2015 de una grabación que Izquierda Unida (a través de la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez) hizo llegar ante la propia Fiscalía y en la que Benavent y Rus estarían contando dinero en efectivo.

Nuevos juicios

El largo camino judicial de Rus –que está a la espera de la sentencia en la pieza de esta macrocausa relativa a la contratación de los asesores de la empresa pública de la Diputación, Imelsa, que no iban a trabajar– proseguirá a partir de la próxima semana.

Está previsto entonces que Rus se siente por segunda vez en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial en la investigación judicial que analiza las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica de la Diputación a través de la empresa Servimun.

La Fiscalía pide para Rus 8 años de prisión, 4 y medio para Marcos Benavent y 13 años para el exsuegro de éste, Mariano López. Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, son los delitos que Anticorrupción describe para el presunto amaño de la adjudicación de la citada firma.