Comunidad Valenciana

La respuesta oficial de la Confederación del Júcar: la ley de Puig impidió mejorar el barranco del Poyo

El organismo estatal asume en un documento enviado al Ayuntamiento de Valencia que las exigencias de esa normativa autonómica impidieron ejecutar el proyecto

  • Reparaciones en el barranco del Poyo -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha remitido al Ayuntamiento de Valencia la documentación pedida en el seno de la comisión de estudio que analiza la gestión de la dana y que se encamina ya hacia la redacción de sus conclusiones. Una de las cuestiones que reconoce el organismo estatal en su escrito oficial es que la Ley de la Huerta que impulsó Ximo Puig de la mano de Compromís impidió ejecutar las obras de mejora del barranco del Poyo.

El documento analiza los trabajos realizados en el citado barranco desde el año 2015 hasta la actualidad y afirma, como adelantó Vozpópuli, que la ley autonómica del Gobierno de Puig no permitió la modernización de ese barranco y la derivación de parte de sus potenciales caudales hacia el nuevo cauce del río Turia.

La propia exministra Teresa Ribera lo reconoció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados cuando afirmó que habían encontrado "problemas en el territorio" a la hora de ejecutarlo.

La ausencia de Polo

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, declinó acudir a la comisión de estudio del Ayuntamiento de Valencia pese a que se le brindó la oportunidad en varias ocasiones. Sin embargo, la orden del Gobierno de Pedro Sánchez fue clara y Polo trasladó que contestaría por escrito a lo que se le pidiera pero que no acudiría en persona.

La información enviada por la Confederación Hidrográfica del Júcar referente al barranco del Poyo, a la que ha tenido acceso este medio, indica que proyectó, hace más de 15 años, "actuaciones para prevenir inundaciones en la conocida como cuenca del barranco del Poyo y barranco de la Saleta. Ambos han sido dos de los cursos de agua que han ocasionado buena parte de los daños producidos en la DANA del 29 de octubre de 2024 sobre las comarcas de Valencia".

Recuerda en ese informe que en diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló declaración de impacto ambiental favorable al Proyecto Informativo de 'Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera'. Y que "el primer Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, recogió estas actuaciones en su Programa de Medidas".

Informe previo favorable

Esto se produjo bajo la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy –siguiendo la Directiva 2007/60 que se dictó bajo la anterior de José Luis Rodríguez Zapatero– y al tratarse de actuaciones de carácter estructural, "se realizaron los análisis coste-beneficio durante los años 2018 y 2019, resultando favorables", afirma la CHJ.

A partir de esos informes favorables se impulsan dos expedientes de redacción de proyecto, según explica el organismo estatal. El primero de ellos el 1 de marzo de 2021, ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, y por el que la Confederación Hidrográfica del Júcar "adjudicó la redacción del Proyecto de acondicionamiento del barranco de La Saleta" en su tramo Aldaya-nuevo cauce del Turia.

"En el marco del proceso de la tramitación ambiental simplificada se solicitó la realización de un estudio de integración paisajística que permitiera la adopción de medidas de integración paisajística y correctoras de los impactos generados en función del análisis paisajístico y visual a realizar", prosigue el documento remitido al Ayuntamiento de Valencia.

El freno de la Ley de la Huerta

Y en segundo lugar, en octubre de 2021, la CHJ afirma que adjudicó la redacción del "proyecto de Vía Verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia en el que, debido a la afección al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia, y valorando los reparos que se estaban poniendo desde el Consell de l´Horta a la redacción del Proyecto del Barranco de la Saleta, se plantea una modificación del proyecto anterior".

Esto es, la Ley de la Huerta de Ximo Puig, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, no permitió ejecutar el proyecto inicial de conexión del barranco por los "reparos" que ponía el organismo rector determinado en esa legislación.

El proyecto pasó a denominarse de "adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce de la A-7 y el barranco del Cavalls, con una alternativa en la zona denominada “Pla de Quart”, que minimiza el riesgo de inundación para periodos de retorno más bajos y aporta una adecuada restauración medioambiental", indica el documento.

Finalmente, asegura que "se han realizado las consultas ambientales pertinentes, algunas de las cuales están pendientes de respuesta". El coste estimado del proyecto de la Saleta es de 90 millones de euros y el del Poyo, pendiente de revisión, es de 35 millones de euros.

Obras prioritarias

Ambas actuaciones están contempladas por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar como prioritarias desde el 10 de diciembre de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Con las declaraciones ambientales aprobadas y los informes favorables de coste-beneficio, sólo la Ley de la Huerta de Ximo Puig impidió esa modernización de los barrancos que resultaron letales el pasado 29 de octubre.

La Ley de la Huerta ha sido modificada esta semana, tras su aprobación en las Cortes Valencianas, y con los cambios introducidos en la normativa se han eliminado los impedimentos y las excusas para esa mejora del barranco del Poyo y la Saleta que vuelve a quedar en manos del Gobierno a través de la CHJ.

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