Las reivindicaciones de los valencianos siguen en el cajón tras el paréntesis reflexivo de Sánchez

La decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo no ha variado el hecho de que las principales reivindicaciones de los valencianos sigan en el cajón del olvido. La inacción del Gobierno de España frente a algunas cuestiones acuciantes como es el modelo caducado de la financiación autonómica es absoluta.

Los valencianos siguen perdiendo casi 5 millones de euros cada día que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se aplican también este ejercicio, ya que esa prórroga anunciada cuando se convocaron anticipadamente las elecciones catalanas condena a la pérdida de 1.793 millones de euros que irían fundamentalmente a políticas sociales.

Otra consecuencia de esa prórroga es que la provincia de Alicante continuará un año más como farolillo rojo en España de las inversiones estatales, mientras que la de Valencia y la de Castellón están muy por debajo de la media nacional.

"No cambia nada"

La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, hacía referencia ayer a que la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno "no cambia nada porque todo sigue igual".

Y es que en el Gobierno valenciano están "molestos", tal y como indican a Vozpópuli varios de sus integrantes, con la trayectoria del Ejecutivo de Sánchez en la actual legislatura.

Merino lo definía ayer como una gestión que "nos tiene abandonados y en situación de desamparo" y restaba importancia a las palabras de Pedro Sánchez en los que aludía a que continuaba para defender la democracia porque "eso es algo por lo que todos trabajamos y es algo que se demuestra todos los días".

Infrafinanciación perpetua

La cuestión más urgente para la Generalitat es la de resolver el modelo de financiación autonómica. La falta de recursos obliga a los sucesivos gobiernos autonómicos, sean del signo que sean, a poder realizar muy poquitas políticas de mejoras sociales e incentivación más allá de lo estrictamente necesario.

Por ello, es en el único punto en el que los diferentes partidos políticos de las Cortes Valencianas se ponen de acuerdo (salvo Vox que tiene otra visión diferente a la autonómica). Los expertos cifran en 7.128 millones de euros el fondo de nivelación que los valencianos deberían recibir durante los cuatro años de esta legislatura para poder converger en 2027 con la media que reciben las Autonomías.

Además, en ese informe que respaldan PP, PSPV y Compromís se considera que el 78,6% de la deuda acumulada por la Generalitat Valenciana (43.278 del total de 55.000 millones de euros) se debe a la infrafinanciación y los costes financieros por el pago de la deuda.

Sin contestación a las cartas

Carlos Mazón envío hace ya casi tres meses dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener un encuentro bilateral en el que tratar ésta y otra cuestiones, pero el silencio ha sido absoluto. No hay prevista una reunión en el horizonte más cercano.

Además, con el ciclo electoral que comenzó en el ámbito autonómico en Galicia, luego en el País Vasco y ahora en Cataluña, la agendas ministeriales no contemplan grandes avances en materias que reclaman los diferentes departamentos del Consell.

Las elecciones europeas del próximo 9 de junio no van ayudar tampoco a poder analizar las necesidades de los valencianos y con la llegada del verano todo se dilata aún más.

Así, las fuentes consultadas por este medio, no contemplan que pueda haber un encuentro al más alto nivel entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana hasta el mes de septiembre u octubre.

Agua

Junto a la financiación, sigue sin producirse ningún tipo de avance sobre los recortes en el trasvase Tajo-Segura y tampoco se avanza en la percepción del 50% de los fondos a los que el Gobierno valenciano aspira recibir del Estado en materia de dependencia.

La necesidad de que lleguen más policías nacionales adscritos a la policía autonómica que es algo que está bloqueado desde hace años o el soterramiento de las vías del tren a su paso por Alfafar son cuestiones que el Gobierno valenciano ha tratado también sin excesivo éxito con el Ejecutivo central.

Derribos

La reforma de la Ley de Costas es otra de las cuestiones que la Generalitat Valenciana pone sobre el tapete, ya que está teniendo efectos indeseados en muchos municipios de la Comunidad Valenciana con derribos programados de viviendas afectadas por la regresión del litoral y que han quedado dentro de la demarcación de protección.

La ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche (una segunda pista) y el de Valencia no tienen fecha para ejecutarlas, aunque esta es la única excepción de encuentros previstos en el calendario, ya que la dirección de Aena visitará el próximo 9 de mayo Valencia para tratar con la Generalitat el asunto y poder concretar algo más cómo y cuándo se pueden abordar.

La crisis de la cerámica

Completar las eternas obras del Corredor Mediterráneo e impulsar el eje ferroviario con el norte y el Atlántico es otra cuestión que se mantiene en solfa bajo el actual Gobierno de España. En un caso avanza lento y en los otros, simplemente, no se contempla presupuestariamente.

Por último, aunque las necesidades van variando a medida que avanza este mandato convulso de Pedro Sánchez, también existe una clara apuesta por mejorar las ayudas públicas a la industria cerámica que atraviesa una grave crisis empeorada por conflictos bélicos como el de Rusia y Ucrania. La Generalitat Valenciana exige mayor implicación del Gobierno que, hasta la fecha, no se ha producido al nivel que se esperaba y que sí se da en otros países del entorno competitivo de la cerámica castellonense.