El presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, sacará adelante su anuncio de reforma fiscal mediante un decreto ley que ya está "cocinando" el departamento de Hacienda del Gobierno valenciano, con Arcadi España a la cabeza, y con la participación de sus socios de Gobierno que quieren retocar algunas medidas o complementarlas con otras. La premura con la que Puig hizo la propuesta durante su intervención en el debate del estado de la Comunidad Valenciana le llevó a que ni Compromís ni Podemos quisieran firmar conjuntamente una propuesta de resolución para debatir esta iniciativa.
La oposición de Compromís a la bajada de impuestos era conocida y más aún en Podemos. Puig, sin embargo, ha priorizado intentar marcar la agenda del debate político valenciano ante la dificultad que tenía para hacerlo por la capitalización por parte de la oposición de este asunto.
No hay que sacrificar la calidad de ningún servicio públicoPapi Robles
La jugada en términos de arrebatarle el discurso al PP en la Comunidad Valenciana puede haber tenido un efecto cortoplacista, pero los responsables de Compromís y Podemos han dejado claro que quieren revisar esa propuesta porque no están dispuestos a "sacrificar la calidad de ningún servicio público" por la renuncia a unos ingresos en época de crisis económica, como dijo la portavoz de Compromís, Papi Robles.
La coalición nacionalista se sigue mostrando favorable a realizar algún anuncio de subida impositiva a las clases más pujantes económicamente y de esa manera "blindar" esos servicios públicos. Puig –que ha estado hoy en Italia para realizar acciones conjuntas en favor del sector cerámico– ha reconocido que tan sólo ha hecho uso de las atribuciones que tiene como presidente y que el objetivo de esta reforma es "dejar claro que en un momento de dificultad la Generalitat está al lado de las personas que más dificultades tienen".
Bonos u otro tipo de iniciativas
Ha sorprendido Puig al afirmar que este ahorro para las familias puede tener un debate abierto en cuanto a su forma de aplicación "con bonos u otro tipo de iniciativas" pero lo que considera "irrenunciable" es ayudar a los valencianos "que en esta situación de extrema dificultad y con unos precios desbocados necesitan la ayuda de las instituciones".
El camino de Puig en cuanto a estas medidas de ahorro fiscal va a seguir pues su camino, aunque lo lógico es que su anuncio se hubiera refrendado en una propuesta de resolución de los tres grupos políticos que sostienen al Gobierno para que en la jornada parlamentaria de mañana se sometieran al debate de la Cámara.
Esa negociación previa que Puig se ha saltado con sus socios tiene ahora el inconveniente que se va a realizar bajo los focos de la actualidad y con una presión añadida pero fuentes del Consell han señalado a este diario que dan por seguro que saldrá adelante. La cercanía de las elecciones ha convertido el bandazo fiscal de Puig, a costa de romper el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez, en una propuesta típica de campaña electoral y hace que los partidos de la oposición no la vean creíble.
Tomadura de pelo
La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, María José Catalá, ha mostrado hoy su "decepción" por el hecho de que "el parche fiscal que anunció ayer Puig no aparece negro sobre blanco. Queríamos analizar la propuesta para negociarla, mejorarla y hacerla efectiva” pero ha sido una “tomadura de pelo” no presentar ninguna propuesta.
Para Catalá "lo de Puig no tiene nombre. No sabemos si le han desautorizado desde Moncloa y no ha querido presentarla o le han desautorizado sus socios y no ha podido", ha indicado. Finalmente ha criticado que "algo que necesitan los valencianos como es una bajada de impuestos no se haya materializado y más si tiene efectos retroactivos como aseguró ayer el presidente para ser aplicado desde el uno de enero de este año”.
