Publicado: 15/03/2024 04:45
Compromís se ha quedado sin margen de influencia en las inversiones territorializadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 después de que Pedro Sánchez decidiera de forma unilateral la prórroga de las cuentas de 2023 para este ejercicio.
La posición en la queda la coalición nacionalista es muy delicada porque ha diluido su visibilidad en el Congreso dentro del grupo plurinacional de Sumar.
La prórroga de los PGE es una mala noticia para la Comunidad Valenciana porque el punto de partida no será el que se esperaba y tendrá su incidencia también en las cuentas autonómicas del Gobierno que preside Carlos Mazón.
Nula efectividad
Compromís ha intentado en las últimas semanas alzar la voz dentro de Sumar y tener un perfil propio dentro del grupo, multiplicando sus comparecencias públicas a través de su portavoz, Àgueda Micó, pero la realidad es que la efectividad de la coalición nacionalista ha sido nula desde que comenzó la actual legislatura.
En los albores del nuevo mandato de Pedro Sánchez, Compromís llegó tarde a las exigencias para prestar su voto favorable a la investidura del actual presidente del Gobierno.
Mientras Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria tenían firmas 'individualizadas' con el PSOE para dar el sí a Sánchez a cambio de inversiones en sus respectivos territorios de origen. Compromís se quedó fuera de esa ecuación.
Último intento baldío
Esta misma semana la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, señalaba que Sumar tenía un grupo de trabajo para los Presupuestos con dos enfoques: las partidas relativas a los ministerios y las inversiones destinadas a los distintos territorios.
"Tenemos que tener unos presupuestos que sean ambiciosos desde el punto de vista social y, al mismo tiempo, tienen que ser presupuestos que generen equilibrios territoriales para que aquellas comunidades infrafinanciadas, como es el caso Valencia, se solucionen con estos Presupuestos Generales del Estado", explicaba.
Ahora, todo ese planteamiento –que no pasaba de ser voluntarista porque no había nada firmado ni comprometido– se ha desmoronado como un castillo de naipes.
La prórroga decidida por Sánchez, que no veía ninguna opción de que los independentistas catalanes apoyaran los PGE en plena campaña en Cataluña tras el adelanto electoral forzado por Pere Aragonés, ha dejado a Compromís en fuera de juego.
Yolanda Díaz, un lastre
El discurso sobre la influencia política de Compromís en la política nacional queda así en entredicho. Además, la buena relación con Yolanda Díaz –que se vendió como un activo– ha sido a la hora de la verdad más negativa que efectiva.
Y es que el grupo de Sumar en el Congreso es una UTE de socios con intereses muy diversos y la vicepresidenta ya no parece ejercer influencia sobre ellos.
La marcha de Podemos al grupo mixto, la votación de los Comunes en contra de los Presupuestos autonómicos catalanes, las disensiones en el seno de IU, y las voces propias que quieren mantener la Chunta Aragonesista, Compromís, o Más País, han convertido ese grupo en un lastre más que en una oportunidad para proyectar la imagen de ninguno de sus integrantes.
Esta coyuntura deja un flanco fácil de atacar por parte del presidente autonómico valenciano, Carlos Mazón, quien ayer mismo en la sesión de control celebrada en las Cortes Valencianas ya afeó la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado porque supone dejar de nuevo en la estacada a la Comunidad Valenciana.
Lejos de la media nacional
Y es que la distribución territorial de inversión estatal de los PGE de 2023 asignó a la Comunidad Valenciana un total de 1.269 millones de un total de 13.000.
Ello supuso una inversión de 250 euros por habitantes en la región (167 menos de lo que correspondería para alcanzar la media española de inversión estatal que está situada en 283 euros por habitante.
Un punto de partida que este año extenderá la problemática en la región que además debe añadir el problema crónico de infrafinanciación autonómica.
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