El Gobierno de Puig inicia el 'rescate' del hospital de Denia pese al fiasco de Alzira y Torrevieja

El rescate de la concesión del hospital de Denia ya ha comenzado por parte del Gobierno de Ximo Puig. Los problemas que han surgido con el 'rescate' de los hospitales de Alzira y Torrevieja no parecen haber cambiado la hoja de ruta de la Generalitat, que tiene claro que la gestión sanitaria debe ser pública (aunque en la práctica esto luego tiene matices).

El conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, ya avanzó esta semana en las Cortes Valencianas que el próximo martes enviará una carta a la empresa concesionaria (Ribera Salud) para anunciarles que procederán a abordar la reversión de la concesión cuyo contrato expira el 1 de febrero de 2024.

El contrato obliga a la Administración pública a advertir con "mínimo" un año de antelación de sus intenciones al respecto de prorrogar o dar por finiquitado el contrato. En este caso no pasa desapercibido que es un mensaje en clave electoral de PSPV, Compromís y Podemos en defensa de la sanidad de gestión pública. La siguiente carta se enviará al hospital de Manises en mayo, en plena precampaña electoral, ya que el contrato de concesión en ese centro hospitalario expira en mayo de 2024.

Las advertencias de la Generalitat que encabeza Ximo Puig a la empresa concesionaria llaman la atención, ya que piden (por boca del conseller de Sanidad) que "no pongan trabas jurídicas" al proceso de rescate de la concesión como sí hicieron en Alzira y Torrevieja. En esos procesos la cuestión llegó al Supremo, donde hubo dos votos particulares afeando al Gobierno valenciano que no hiciera un estudio del coste de esa operación y su afectación al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Informe sobre los costes

En este caso, parece que tampoco habrá un informe de ese calado, aunque sí algunos más sucintos que puedan justificar el rescate. En el caso de las concesiones a las Inspecciones Técnicas de Vehículos, que el Gobierno valenciano también va a rescatar, sí se hizo ese informe, por lo que los grupos de la oposición consultados por Vozpópuli concluyen que en el caso de la sanidad "sólo impera una cuestión ideológica y no de beneficio para los ciudadanos".

El modelo de reversión en el hospital de Alzira ha fracasado y se puede comprobar con las continuas huelgas y protestas del personal en ese centro que ha reducido sensiblemente su calidad asistencial. El coste de la gestión se ha elevado en unos 80 millones de euros y la conflictividad laboral es alta. Y es que la figura jurídica escogida por la Generalitat para los trabajadores que antes estaban en la concesión de Ribera Salud ha provocado que no sean personal estatutario fijo, sino laborales a extinguir.

Esto se ha traducido en que para ser, por ejemplo, jefe de sección de un hospital en el que llevan trabajando algunos más de una década, no puedan acceder por su condición de personal laboral a extinguir, como se puede observar en la carta de oferta de empleo de la imagen inferior.

Además, los trabajadores denuncian que tienen sus derechos laborales cercenados porque no tienen firmado el convenio colectivo, (ni en consecuencia incentivos) y no tienen desarrollada la carrera profesional.

En Torrevieja, que fue el siguiente hospital que el Ejecutivo de Puig 'rescató' de la gestión público-privada, la situación laboral es similar a la de Alzira y los costes respecto a la anterior época han crecido 60 millones de euros. Las listas de espera han aumentado y también ha habido un deterioro de la calidad asistencial.

La gestión totalmente pública de este hospital hay que ponerla entre paréntesis. Hay muchas pruebas diagnósticas que se están derivando a empresas privadas como Quirón, Vithas y otras similares por la saturación y la imposibilidad de atenderlas en el propio hospital.

Defenderán sus intereses

Fuentes de la empresa concesionaria del hospital de Denia entienden que cuando reciban la carta de la Generalitat sabrán oficialmente las intenciones de extinguir el contrato, aunque no hay ninguna intención de dejar de defender sus intereses como hubiera deseado el Gobierno valenciano.

Con las elecciones autonómicas en el mes de mayo hay posibilidades de que no sea la actual composición política la que esté al frente de la Generalitat y podría haber una conformada por PP y Vox. ¿Qué piensan los populares de esta situación? Pues su presidente, Carlos Mazón, entiende que hay que "poner todos los recursos sanitarios a disposición de los ciudadanos y sin sesgo ideológico".

Volver a tener colaboración privada en la gestión de los hospitales de Alzira y Torrevieja, y evitar que se consume la reversión en los centros hospitalarios de Denia, Manises y Elche está sobre la mesa del PP en la confección de su programa electoral.

Encargar una auditoría

Lo primero que prometen desde las filas populares es "encargar una auditoría antes de tomar una decisión, pero no con base a un criterio ideológico". Esto ya lo expuso recientemente el encargado de asuntos sanitarios en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana.

Cada caso es diferente y en el hospital de Denia, por ejemplo, el contrato que se hizo incluía la construcción del hospital, por ello si el PP gana las elecciones y gobierna buscará otro tipo de contrato diferente al actual.

Mazón entiende que la sanidad pública valenciana “ha hecho aguas, no funciona, ha colapsado y no hay una respuesta ni una apuesta real por ella” y va a incluir en el programa electoral una serie de medidas para paliar la situación.

La primera será que blindará por ley que si un paciente lleva 50 días sin ser atendido "será derivado a la sanidad privada sin coste, manteniendo la calidad y la titularidad del servicio público". También se incentivará a los profesionales que "quieran y puedan trabajar más horas (a partir de las 35 semanales) para sacar el máximo provecho a los recursos públicos".

68.000 valencianos en listas de espera

También pretende el PP, si gobierna, establecer que el presupuesto sanitario sea como mínimo del 30% sobre el global de las cuentas anuales de la Generalitat y poner en marcha un plan para evitar "que se hagan pruebas chapuceras y discriminatorias como las que se están llevando a cabo en los procesos de estabilización de empleo o en las oposiciones de enfermería”, explica Mazón. 

En definitiva, se trata de aprovechar todos los recursos para que los datos asistenciales mejoren sustancialmente, ya que en la actualidad hay más de 68.000 valencianos en listas de espera quirúrgicas, –casi 8.000 más que hace un año–, el retraso en las pruebas diagnósticas supera los seis meses y el colapso en las urgencias hospitalarias sigue siendo muy elevado.