El Ministerio de Hacienda ha solicitado este lunes acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para financiar parte de los gastos derivados de la dana tras recopilar la documentación de 4.404 millones de euros en gastos susceptibles de beneficiarse de este instrumento.
Este importe podría reducirse si parte de estos gastos se financian con cargo al Plan de Recuperación y, en cualquier caso, no se recibirá el total, ya que supera el presupuesto total de la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que es de 1.500 millones, ha aclarado Hacienda en un comunicado.
Hacienda explica que el Fondo de Solidaridad es el principal instrumento europeo para apoyar a los países afectados por catástrofes naturales, siempre que los daños superen el 0,6% de la renta nacional bruta o los 3.000 millones de euros.
La documentación remitida por Hacienda demuestra que la dana que afectó principalmente a Valencia en octubre del pasado año supera ese importe y, además, supuso gastos susceptibles de beneficiarse del fondo, como los de restablecimiento de infraestructuras básicas, alojamientos temporales, seguridad de infraestructuras, limpieza o protección del patrimonio cultural.
En concreto, Hacienda ha remitido a Bruselas documentación con el detalle de gastos por 4.404 millones que cumplen los requisitos para financiarse con el fondo, aunque admite que los recursos que se perciban no alcanzarán este total. Ahora, la Comisión Europea analizará la documentación y asignará el importe correspondiente a España, una ayuda que tendrá que ser aprobada por el Consejo Europeo y por el Parlamento de la Unión Europea para, posteriormente, firmar un acuerdo con el país beneficiario, un proceso que puede durar varios meses.
España activó por primera vez el Fondo de Solidaridad en 2003 con motivo de la crisis del Prestige y, posteriormente, en otras siete ocasiones, entre ellas por la Covid en 2020 y tras la erupción del volcán de La Palma en 2022.
Funcionamiento del mecanismo
El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) se creó en verano de 2002 con un presupuesto anual de 500 millones de euros, una partida que se incrementó en 2024 hasta los 1.144 millones de euros anuales entre 2024 y 2027 debido a la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, aunque la Comisión aclara que no se trata de una ayuda de respuesta rápida ante las crisis, por lo que su desembolso puede llevar varios meses.
Las autoridades nacionales del Estado miembro afectado son quienes deben presentar la solicitud para optar a esta ayuda en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe. En caso de catástrofes de evolución lenta, como sequías o emergencias sanitarias, este plazo se fija en las 12 semanas siguientes a la adopción de la primera medida oficial contra la emergencia.
Acto seguido, la Comisión evalúa la solicitud y, una vez aceptada, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectada y, una vez adoptada, esta deberá utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.
Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.
No obstante, el Ejecutivo comunitario sí acota las operaciones subvencionables por la ayuda, que podrá utilizarse para restablecer y asegurar el funcionamiento de infraestructuras; proporcionar alojamiento temporal y financiar servicios de rescate para la población afectada; establecer medidas de protección del patrimonio cultural y limpiar las zonas afectadas por la catástrofe.
