La Generalitat Valenciana volverá a elaborar a ciegas sus Presupuestos por el silencio del Gobierno

La Generalitat Valenciana volverá a elaborar sus Presupuestos sin tener ninguna información relevante por parte del Gobierno sobre cuáles son los recursos del Estado para la conformación de las cuentas autonómicas.

La certeza en la Conselleria de Hacienda que dirige la también portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, es que van a tener que ir de nuevo a ciegas en esta materia. Ya sucedió en la elaboración de los Presupuestos para el presente ejercicio –que se aprobaron en las Cortes Valencianas el pasado 20 de diciembre– y va a suceder lo mismo en los Presupuestos para 2025.

Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano aseguran que "la comunicación política con el Ministerio de Hacienda está rota" y no es previsible que haya cambios en una actitud que se mantiene así durante los últimos meses.

Ni contesta a las cartas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni siquiera contesta a las cartas en las que Ruth Merino le solicita algunas explicaciones sobre los planes de futuro del Gobierno o en las que pide reuniones aclaratorias. "Silencio absoluto", refieren las mismas fuentes, en lo que es un claro "desplante institucional" que también se extiende a otras Autonomías como la murciana.

Sólo hay contactos entre ambos departamentos en los escalones técnicos que son necesarios para el normal funcionamiento de la Administración donde se producen transferencias periódicas e intercambio de documentación que requiere de un diálogo permanente entre los funcionarios.

El 31 de octubre es la fecha tope para la elaboración de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos) y la Generalitat ya se ha puesto en marcha con el decreto que anuncia el comienzo de su elaboración, tal y como adelantó Valencia Plaza.

Provisionalidad

El año pasado, a tres días del límite de ese plazo, el presidente valenciano, Carlos Mazón (casi recién llegado al cargo), ya denunció que el Gobierno de España había mostrado una "extraordinaria irresponsabilidad" porque no tenía "previsiones, ni adelantos de las liquidaciones a cuenta y estamos buscando interpretaciones verbales de la autoridad fiscal independiente".

Este panorama obligó al Gobierno de Mazón a hacer unos presupuestos "provisionales" y las mismas fuentes señalan a este medio que para el ejercicio de 2025 "será igual".

Sí es cierto que la Generalitat Valenciana no tendrá cambio de color político este año por lo que las cuentas autonómicas –en lo que se refiere a leyes y dotación presupuestaria– se puede ajustar mejor que en el ejercicio pasado, al menos, en los objetivos de las mismas.

Sin PGE y con elecciones

Ahora bien, este año con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y el ciclo electoral eterno –con las gallegas y vascas ya celebradas–, pero con las catalanas el próximo fin de semana y las europeas el 9 de junio, augura que el diálogo desde el Gobierno hacia las Comunidades Autónomas va a ser casi inexistente.

"No hay consultas, no hay informes, no hay nada", fue la frase de Carlos Mazón el pasado 28 de octubre y es perfectamente válida para lo que se vive en el Gobierno valenciano respecto al ejecutivo de Pedro Sánchez casi siete meses después.

Entregas a cuenta

La reforma del sistema de financiación que tanto penaliza los intereses de la Comunidad Valenciana es una quimera hoy en día y el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería celebrarse dos veces al año se convocó la última vez durante el pasado mes de diciembre.

En este primer semestre no ha vuelto a convocarse y todo apunta que hasta después del verano no llegaría una nueva reunión de este órgano que el seno en el que debe sustanciarse cualquier reformadme esas características.

Sin avances en este modelo de financiación, sin condonación de parte de la deuda autonómica y sin un fondo de nivelación que palíe esta situación de manera transitoria, al Gobierno valenciano sólo le queda el derecho a la pataleta y aunar fuerzas con otras Autonomías maltratadas por el reparto autonómico.

Reunión con Murcia

Es el caso de la Región de Murcia. Ayer Ruth Merino se reunió con su homólogo murciano, Luis Alberto Marín, y ambos instaron al Gobierno a abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace diez años, y que mantiene a estas dos regiones a la cola en financiación por habitante ajustado, muy por debajo de la media de comunidades de régimen común.

También reclamaron a la ministra Montero que actualice los importes de las entregas a cuenta de 2024 y que pague las cantidades que están dejando de recibir las Comunidades Autónomas por esta falta de actualización. La propuesta es que lo haga a través de un Real Decreto-Ley como se hizo en una situación similar de prórroga presupuestaria en 2019.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el desfase entre los importes que se les comunicaron a las comunidades autónomas en diciembre y lo que el Ministerio les está ingresando cada mes acumula ya una deuda de 450 millones de euros hasta este mes de mayo. Para la Región de Murcia, la cantidad pendiente asciende a 120 millones de euros.

1.000 millones menos

“Solo en lo que va de año, el Gobierno de España ya les debe a los valencianos 1.000 millones de euros" explicaba Merino, por la no actualización de las entregas a cuenta de 2024 y por la infrafinanciación.

Otra de las reivindicaciones planteadas en el encuentro hace referencia a la deuda generada por el actual sistema de financiación autonómica. En el caso de la Comunidad Valenciana, según el informe de los expertos de la Comisión Consell-Cortes, el 78% de la deuda actual es consecuencia directa de la infrafinanciación. En el caso de la Región de Murcia, un informe del IVIE cifra en 95,5% el porcentaje de deuda generado por las insuficiencias del sistema de financiación.

“La deuda de la Comunitat Valenciana derivada por todos los componentes de la infrafinanciación se eleva a 43.000 millones de euros”, defendía Ruth Merino, quien pedía un fondo de nivelación de 7.128 millones de euros en total para el conjunto de la legislatura, lo que de media supone 1.782 millones de euros al año. Murcia pide 2.340 millones de euros.

Así pues, el enroque en el tablero político es total en materia de financiación y los Presupuestos de la Generalitat para 2025 serán realidad pese a la "falta de una lealtad institucional" que debería ser básica por encima de siglas partidistas, apuntan las fuentes consultadas.