La velocidad del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja en la investigación de la dana que centraliza desde el pasado 31 de enero está resultando inusualmente alta. Los primeros pasos que su titular, Nuria Ruiz Tobarra, está dando para desentrañar las responsabilidades por las 227 muertes que la triple riada provocó en la provincia de Valencia son llamativos por la agilidad en las diligencias previas.
Los requerimientos para obtener documentación han sido continuos y con márgenes de respuesta de, entre 3 y 5 días hábiles, fundamentalmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Conselleria de Emergencias. En sus escritos, la jueza centra sus principales esfuerzos en desentrañar qué datos ofreció la CHJ sobre el caudal del barranco del Poyo, por un lado, y en conocer quién fue el encargado y cómo se gestó el aviso a la población el 29 de octubre, por otro.
Muertes evitables
La expresión recogida en su auto sobre que las muertes fueron "evitables" deja claro que considera que ese aviso fue tardío. Insiste también en conocer, ya en dos ocasiones, los caudales que midió la Confederación del Júcar en el citado barranco y si los trasladó al Centro de Emergencias de la Generalitat en tiempo y forma.
Esos son los dos pilares en los que parece querer ahondar la titular de Instrucción 3 de Catarroja, quien también ha preguntado sobre la presencia de alguna autoridad, más allá de los que integran el Cecopi, en la tarde del 29 de octubre. Apunta de esa manera al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y sobre si esa presencia influyó o no a la hora de enviar la alerta a la población. Otra de las autoridades políticas presentes que no forman parte del Cecopi es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.
La jueza lleva desde 2007 en esta unidad judicial y la duración media de los procesos que pasan por sus manos no ha llegado al año. Parece que la dana va a ser su prioridad casi absoluta alejándose de la praxis en otros procesos con representantes políticos implicados que se han eternizado en los juzgados valencianos en los últimos años.
Equipo de fiscales
Familiares de las víctimas, Podemos, Vox, y asociaciones que defienden a los afectados ya están personados. En algunos casos la jueza ha pedido fianzas de 6.000 euros (como en el caso de las dos formaciones políticas) y la realdiad es que ha registrado una gran agilidad en estas cuestiones, así como a la hora de asumir las causas de otros juzgados que se han inhibido en favor de Instrucción 3 de Catarroja que centraliza las investigaciones reforzado por un equipo de fiscales.
Esta actividad diligente (que debería ser moneda común en todos los tribunales) se está produciendo pese a que el Juzgado 3 de Instrucción, como los otros 4 del partido judicial, está desarrollando sus actuaciones en la Ciudad de la Justicia desde el pasado 27 de noviembre porque la riada arrasó parcialmente sus dependencias en Catarroja.
La Conselleria de Justicia aprobó una inversión de 2,1 millones de euros para los trabajos de recuperación del sótano y de las áreas de la planta baja afectadas por el temporal (entre ellos el archivo) y es probable que antes del verano la instrucción de la dana se dirija ya desde las dependencias del Juzgado en Catarroja.
El ruido político
El proceder de Nuria Ruiz está empezando a eclipsar los argumentos empleados por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana en su batalla política para señalarse mutuamente por la responsabilidad de la poca previsión sobre las consecuencias que tendrían las precipitaciones y las eventuales riadas.
Cada vez son más los políticos que aluden cada día al procedimiento judicial para evitar pronunciarse sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. Ayer mismo, el presidente valenciano Carlos Mazón; su número 2, Susana Camarero; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, (esta última sí entró en algún detalle más), mostraron su "respeto" al proceso judicial para no ahondar en cuestiones espìnosas sobre las responsabilidades de las Administraciones durante aquella fatídica jornada.
Las comisiones: 'desfasadas'
Igualmente, el foco judicial desplaza la atención sobre el acento políticó que llevan inherentes las comisiones de investigación parlamentarias sobre lo que sucedió el día de la dana y los días posteriores. El Senado abrirá el fuego con un plan de trabajo en el que el PP (con mayoría en la Cámara) ha citado a Pedro Sánchez (y mimebros de su Gobierno) y a Carlos Mazón; así como a representantes de la Confederación del Júcar; Aemet; y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
En las Cortes Valencianas también avanza el calendario y el plan de trabajo, aunque la mayoría simple del PP hará que el número de cargos de su formación política que pasen por la comisión de investigación sea sensiblemente mayor que en el Senado.La consellera de Emergencias el día de la riada, Salomé Pradas, así como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, serán algunos de los que deberán dará su versión sobre lo ocurrido.
Estas comisiones, a la que se añadirá también una en el Congreso de los Diputados, van a quedar 'desfasadas' respecto a la información que va solicitando la jueza de Catarroja y de los testimonios que va a solicitar próximamente. La agenda judicial se está imponiendo a la política y puede marcar en buena medida la legislatura autonómica y, quizás nacional, al afectar este caso a algunos de los principales referentes del PP y del PSOE.
