La indignación de los familiares de las víctimas de la DANA con las Administraciones públicas ha empezado a trasladarse ya a los tribunales en forma de denuncias y querellas que está empezando a centralizar el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La necesidad buscar responsabilidades ante las 227 víctimas mortales (3 permanecen desaparecidas) empieza a cristalizar en los juzgados.
La decisión de unir en Catarroja las diligencias abiertas en distintos órganos judiciales de la provincia, incluida Valencia capital, se debió a que este juzgado tiene las diligencias abiertas más antiguas y las más numerosas relacionadas con la DANA. La juez, Nuria Ruiz, está apoyada por un equipo de fiscales especializados en medio ambiente, anticorrupción y penal.
La titular del citado juzgado ya ha comenzado a avanzar en la petición de documentación a la Generalitat sobre quién envió el mensaje de alerta a la población; también a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los caudales en el baranco del Poyo y en las presas de Forata y Buseo, así como la información que suministraron el día 29 al respecto; y ha encargado un informe pericial sobre los daños psicológicos que han sufrido los familiares de las víctimas.
Homicidio imprudente
El juzgado está en disposición de acumular las diligencias previas por los 75 fallecidos contabilizados en las diferentes localidades que conforman el partido judicial de Catarroja, así como del resto de causas iniciadas ya o las que vendrán en el futuro, aunque para ello necesitará el refuerzo de medios materiales y recursos humanos.
Hay denuncias y querellas registradas de particulares en otros partidos judiciales como los de Valencia ciudad, Requena o Torrent que, previsiblemente acabarán también unificándose en el juzgado de Catarroja al versar todas sobre el mismo acontecimiento.
Horta Sud, SOS Desaparecidos...
Al margen de la acción individual hay asociaciones que ya han dado el paso de ayudar a los damnificados en su camino judicial. Es el caso de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud que agrupa a 340 personas y que son vecinos de 14 localidades que fueron anegadas por las aguas procedentes, fundamentalmente, del barranco del Poyo.
Ya han formalizado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia contra la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (ya cesada); el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso (que tampoco continúa en su cargo); el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y la jefa de Emergencias, Inmaculada Piles. También va dirigida contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
En la misma se alude a la comisión por parte de estas personas de presuntos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, daños imprudentes (morales), prevaricación omisiva y delito de omisión del deber del socorro debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos.
Posteriormente, hace una semana, este juzgado de Valencia se inhibió en favor de Instrucción 3 de Catarroja al llevar este más adelantadas las diligencias, por lo que asume la causa, a la que también se suma la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 que se presentó en sociedad el pasado viernes.
No es la única asociación que va a dar ese paso. 'Mai Més València' también prepara una querella denunciando la posible comisión de un delito de homicidio imprudente y señalan a Carlos Mazón, Salomé Pradas y los miembros del Cecopi tanto en representación de la Generalitat como del Gobierno, la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la CHJ, Miguel Polo; y el responsable de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez.
También la asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha reunido ya a 180 familiares de 70 víctimas mortales (también de las registradas en Castilla-La Mancha) y espera formalizar una querella ante la Audiencia Nacional antes de finalizar este mes. La querella, igualmente, se planteará sobre la posible comisión de un delito de homicidio imprudente.
El aforamiento de Mazón
La organización Iustitia Europa planteó una querella contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que no se ha admitido, al igual que el resto de denuncias en este sentido llegadas al Alto Tribunal valenciano.
Considera que el aforamiento al que tiene derecho Mazón por razón de su cargo y la falta de indicios sólidos contra él, aconsejan que todas las actuaciones se deban desarrollar en juzgados de Instrucción y después valorar lo investigado en esa fase judicial.
El mismo destino, el archivo, ha tenido la denuncia del sindicato CGT contra el jefe del Consell y otras de tres de particulares (abogados) que también se dirigían contra Mazón. Ahora bien, en el caso de CGT formuló otra denuncia que finalmente ha asumido el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y para lo que se le ha exigido una fianza de 6.000 euros.
Acusación popular
Esa misma cantidad le ha pedido la titular de dicho juzgado a Podemos y Vox que solicitaron personarse como acusación popular en la investigación. En el caso de Podemos, además, ha formulado una denuncia.
Ha naufragado la denuncia del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia contra responsables de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias. El sobreseimiento provisional de las diligencias se notificó a los denunciantes por no aparecer “suficientemente justificada la comisión de delito alguno” .
Hazte Oír se dirigió al Juzgado de Instrucción 10 de Valencia para formular una querella contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé que fue inadmitida por un "defecto procesal subsanable relativo al apoderamiento para la querella" y que podría progresar en próximas fechas.
El Supremo
Por su parte, el Tribunal Supremo ha recibido nueve denuncias o querellas relacionadas con la DANA de Valencia, por delitos como la omisión del deber de socorro u homicidio imprudente, la mayoría contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los querellantes o denunciantes son Vox, Manos Limpias (3), Iustitia Europa, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción o el Movimiento para la Regeneración de España.
Completan el mapa judicial relacionado con la DANA dos recursos ante la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV. El primero fue interpuesto por Liberum con solicitud de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana y el alto tribunal se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Y por último, otro presentado por un abogado contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias (AVSRE), por inacción, que está tramitando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
