El diputado que denunció el cobro del paro de Oltra pide al Gobierno de Puig todo el expediente

La percepción de la protección por desempleo por parte de Mónica Oltra sigue en el ojo del huracán y el diputado autonómico del grupo de no adscritos (ex de C's), Vicente Fernández, ha reclamado al Gobierno valenciano que preside Ximo Puig todo el expediente relativo al abandono de la exvicepresidenta de sus cargos.

Fernández considera necesario conocer todas las comunicaciones realizadas entre el Consell y la que fuera vicepresidenta, portavoz y secretaria del Ejecutivo autonómico, así como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, incluidas las efectuadas por email o registro de entrada y que guarden relación a su dimisión y cese (así como su carta de dimisión).

Resguardo remitido al SEPE

El escrito donde solicita el expediente, registrado en las Cortes autonómicas a última hora de ayer sábado, requiere igualmente una copia íntegra de la liquidación económica y finiquito, si lo hubiera, por parte de la Generalitat. El diputado denunciante solicita también la documentación entregada a Oltra con ocasión de la finalización de los servicios prestados para el Consell, incluido el certificado de empresa, sea quien sea el órgano emisor (Generalitat, Presidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas o el propio Consell), así como el resguardo remitido al SEPE a través de la plataforma contrat@.

En su solicitud Vicente Fernández también requiere una copia del Registro de Entrada y Salida de la Conselleria de Presidencia, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, así como de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, correspondientes a los días comprendidos entre el 15 de junio y el 5 de julio, ambos inclusive, debidamente certificadas.

Esta documentación podría revelar si finalmente Oltra envió, como se rumorea en el Gobierno autonómico, una carta de dimisión que no se correspondería con el cese que luego firmó el presidente valenciano, Ximo Puig, como una decisión suya de prescindir de los servicios de la exlíder de Compromís.

Mollà y Dalmau

Vicente Fernández también incluye en su petición al Gobierno valenciano toda la documentación relativa a la salida del Ejecutivo autonómico de dos exconsellers durante la presente legislatura. La primera de ellas es Mireia Mollà, quien fuera consellera de Agricultura, y que fue destituida a propuesta de la actual vicepresidenta, Aitana Mas. Su cese lo asumió y lo firmó Puig como responsable del nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración autonómica valenciana.

En su escrito de cese por parte de Puig, Mollà fue apartada de su cargo con una fórmula calcada a la de Oltra, aunque en el caso de la segunda es manifiestamente conocido que se trató de una dimisión que, tanto ella como el presidente valenciano, confirmaron en sus respectivas comparecencias públicas. La comparación de ambos casos puede resultar clave para entender si Oltra está cobrando o no el paro y la indemnización de manera procedente.

También ha incluido en su solicitud todo el expediente del exvicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, quien dejó el cargo y fue sustituido por Héctor Illueca. La particularidad en este caso es que Puig sí firmó su decreto de cese con la fórmula de 'a petición propia', a diferencia de lo sucedido con Oltra, en una cuestión que sorprende al tratarse ambas, presumiblemente, de dos dimisiones. Además, estas sospechas se suman a las de los inspectores de Trabajo consultados por Vozpópuli que entienden que una dimisión no lleva aparejada el derecho a percibir el paro.

Todo dependerá ahora de la 'agilidad' del Gobierno valenciano en entregar la documentación para conocer si se produjo algún tipo de irregularidad en la salida de Oltra del Ejecutivo autonómico y que tuviera incidencia en la percepción del paro que ésta aseguró estar percibiendo durante la entrevista televisiva emitida hace una semana en La Sexta.

En paralelo a la petición de documentación Vicente Fernández presentó el pasado lunes una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana denunciando estos hechos. Queda a la espera de ser admitida a trámite y, si es así, ser citado para ratificarse en su denuncia y con posterioridad decidir si hay materia para judicializar este caso.