Publicado: 05/02/2024 04:45
La invisibilidad del poder valenciano ha quedado patente con el fracaso en las últimas semanas de un nuevo intento por recuperar el Derecho Civil Valenciano –primero en el Congreso de los Diputados y después en el Senado– en lo que se refiere a tres leyes relacionadas con el ámbito familiar.
El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, lleva años intentando aglutinar, con éxito, el apoyo a esta reivindicación entre la sociedad civil valenciana y las formaciones políticas. A la hora de la verdad, sin embargo, este trabajo no ha podido culminarse.
El no del Congreso
El Congreso debatía hace 15 días una reforma constitucional del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' que finalmente salía adelante. La propuesta de Juristes Valencians, que apoyaba Compromís a través de una enmienda, era que se votara la recuperación del Derecho Civil Valenciano aprovechando esta reforma constitucional.
La cuestión ni siquiera se planteó porque la Mesa del Congreso así lo decidió y ese veto que tuvo el apoyo de PP y PSOE, acabará en los tribunales, aunque ese camino resultará estéril casi con total seguridad.
La semana pasada el guión se mantuvo en la Cámara Alta donde el PP tiene mayoría. Fue el escenario del postrer intento de Chirivella, apoyado por el senador y expresidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y la iniciativa se quedó en el limbo otra vez.
Reforma constitucional incómoda
Tanto el PP como el PSOE apoyan en la Comunidad Valenciana la recuperación del Derecho Civil Valenciano, pero recelan en el plano nacional de cualquier reforma de la Constitución más allá de la que se registró en el Congreso para modificar el artículo 49.
El Derecho Civil Valenciano arraigado desde el siglo XIII fue después abolido por Felipe V tras la Batalla de Almansa de 1707 y en ese momento se suprimieron las normas de derecho público y privado que fueron otorgadas a los valencianos.
El Estatuto de 2006
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana recogió en su reforma de 2006 la recuperación de estas normas para "avanzar en el autogobierno" y el Tribunal Constitucional las anuló, en algunos casos parcialmente, en 2016.
Desde entonces ha habido dos intentos de llevar la iniciativa al Congreso. Ambas sin éxito. El primero llegó en 2020 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas (salvo Ciudadanos y Vox) y el Congreso la admitió a trámite, pero quedó pendiente por la convocatoria de elecciones.
El último esfuerzo ha sido hace dos semanas con el resultado antes mencionado. Es por eso que las tres leyes que se pretende recuperar –derogadas por el Constitucional y que tienen el consenso de la sociedad valenciana– seguirán sin poder aplicarse.
Custodia compartida de los hijos
Fue el Gobierno liderado por Francisco Camps el que legisló tres normas que recuperaban parte de las establecidas en el derecho civil propio de los valencianos.
La primera fue la Ley de Régimen Económico Matrimonial valenciano (2007), que se aplicó durante casi diez años, y en la que se establece que si el matrimonio no decía lo contrario el régimen económico que regía entre ellos era el de la separación de bienes.
La segunda fue la Ley de Uniones de Hecho (2011), vigente cinco años, por la que se establecían los requisitos para registrar las relaciones de parejas que viven juntas, pero que no están casadas.
Y la tercera fue la Ley de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven (2012) y es conocida como la ley de Custodia compartida.
Estuvo vigente cuatro años y en ella se establecía que los padres que no viven juntos comparten el cuidado de los hijos por igual, lo que redujo significativamente el número de juicios por este asunto y mejoró lo que conocemos como régimen de visitas de los progenitores a sus hijos.
En vía muerta
La anulación del Constitucional en 2016 y los intentos baldíos impulsado por la Asociación de Juristes Valencians que tiene el respaldo de numerosas asociaciones de la sociedad civil, así como de más del 90% de los ayuntamientos, las tres Diputaciones provinciales, las Cortes y la Generalitat, coloca a la recuperación del Derecho Civil Valenciano, de nuevo, en vía muerta. Eso, pese a que un total de seis Autonomías gozan ya de derecho civil propio.
Referéndum o transferencias
La activación de una reforma del Estatuto Autonomía es una de las posibilidades que se presentan para intentar la recuperación del Derecho Civil Valenciano, aunque exigiría la celebración de un referéndum. La otra, quizás la más plausible pos ser menos 'arriesgada', sería obtener transferencias de competencias del Estado.
En esta opción, según ha podido conocer Vozpópuli, se situaría actualmente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
José Ramón Chirivella ha considerado que la tramitación en el Congreso de hace 15 días la veía como "la última oportunidad" para abordar esta recuperación de normas propias. Ese camino aún tiene recorrido, aunque no a través del Congreso de los Diputados porque con el voto en contra de PP y PSOE resulta imposible. Deberá ensayar las otras fórmulas si quiere seguir porfiando en un futuro por recuperar parte del autogobierno.
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Estupendo!!!!.
Como no tenemos ningún problema de descomposición Nacional.... vamos a crear 19 codigos civiles autonomicos para que te juzguen de manera diferente segun en crear
Estupendo!!!!.
Como no tenemos ningún problema de descomposición Nacional.... vamos a crear 19 códigos civiles autonómicos para que te juzguen de manera diferente según donde vivas o nazcas.