Comunidad Valenciana

Cae la ley paisajística de Puig: la excusa de Sánchez para no adecuar el barranco del Poyo

La Generalitat modifica la Ley de la Huerta que supuso un obstáculo, según Teresa Ribera, para modernizar los barrancos del área metropolitana de Valencia

  • Obras en el barranco del Poyo -

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado sin escudo para no abordar las mejoras necesarias en los barrancos del área metropolitana de Valencia como el del Poyo o la Saleta. La Ley de la Huerta que impulsó la Generalitat Valenciana bajo la presidencia de Ximo Puig supuso obstáculos para realizar obras de modernización por lo estricta que era a nivel de integración paisajística y de protección de este entorno agrario: ayer el Ejecutivo de Mazón aprobó el decreto ley para modificarla.

Las excusas del Ejecutivo central para no ejecutar esas obras que estaban proyectadas desde hace una década se centraron en esta ley de Puig que sus defensores calificaban de "proteccionista" y enmarcada en el cambio climático, mientras que sus detractores tildaban de "extremista" o "sectaria e ideologizada".

Problemas en el territorio

La propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico –en el momento de la riada del pasado 29 de octubre–, Teresa Ribera, situó esta legislación que también aprobó Compromís y que apoyó parlamentariamente Podemos, como la culpable de no poder afrontar mejoras en el barranco del Poyo.

"Nos encontramos con problemas en el territorio", cuando se quisieron abordar mejoras en el encauzamiento del citado barranco, explicó la entonces ministra durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en referencia a la Ley de la Huerta del anterior Consell.

Ribera acusó al Gobierno de Mariano Rajoy como el responsable de frenar las obras de protección del barranco del Poyo en 2012 y "dejar que caducara la Declaración de Impacto Ambiental en 2017". Olvidó explicar que Rajoy tuvo la Declaración de Impacto Ambiental y el informe coste-beneficio con resultado positivo con posterioridad a la moción de censura que le costó la Presidencia del Gobierno.

Esa centrifugación de responsabilidades, sin embargo, tiene más dificultad de explicación a partir de que después de esa moción, en 2018, el Gobierno de España ya estuviera bajo la Presidencia de Pedro Sánchez. Es el Gobierno del actual presidente el responsable de que –desde esa fecha– no se acometieran las obras de remodelación.

Problemas económicos

La nueva tramitación, en el Ministerio que capitaneaba Ribera, de las obras en el barranco del Poyo conllevó el abandono posterior del proyecto por falta de presupuesto y por el análisis negativo del coste-beneficio que aconsejaba buscar una alternativa a la conexión del barranco entre Paiporta y Picanya hasta el nuevo cauce del río Turia.

La Ley de la Huerta de Puig determinaba que su ámbito de aplicación comprendía "el espacio del dominio de los regadíos históricos de las acequias del Tribunal de las Aguas de la Vega de València; la Real Acequia de Montcada; el canal del Turia; Francos, Marjales y Extremales, y las huertas de las poblaciones de Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja". Zonas arrasadas hace tres meses por la riada.

La norma se definía como un "instrumento de ordenación supramunicipal de los usos y actividades de la Huerta de Valencia y podrá tener un ámbito territorial superior al de la ley para el cumplimiento de sus objetivos y asegurar la conectividad ecológica y funcional de la huerta con la infraestructura verde exterior a ésta".

Ecologismo radical

Esa ideología de preservación extrema que Ribera compartió durante sus años al frente del Ministerio considera que la huerta es el elemento clave para el drenaje de posibles avenidas que contemplaba el propio texto de la ley.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, lamentaba que el ecologismo radical "mata" en relación a las consecuencias que esta ley y la decisión del Confederación Hidrográfica del Jucar de no actuar en cauces y barrancos tuvo en las riadas del pasado 29 de octubre.

La modificación realizada ayer en la Ley de la Huerta por Ejecutivo de Carlos Mazón –que verá la luz en las próximas semanas en el trámite parlamentario– se justifica "por la necesidad urgente de abordar carencias y obstáculos que han surgido desde su aprobación en 2018 y que se considera que se han visto agravados por las inundaciones del pasado mes de octubre".

Disolución del Consejo

Una de las principales cuestiones modificadas es la disolución del Consejo de la Huerta (cuyos informes eran preceptivos y vinculantes e impidieron comenzar las obras) y cuyas competencias serán asumidas a partir de ahora directamente por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio; y la de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, entiende que ahora ya no hay informes que frenen las obras planeadas y se cumpe con el objetivo de "facilitar todas aquellas obras necesarias para desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos".

Las actuaciones de encauzamiento de los barrancos son "inaplazables", según reiteran desde la Generalitat Valenciana. Los proyectos de actuación sobre los barrancos del Poyo y la Saleta contemplan desviar parte de las aguas de estas ramblas (cuando se producen fuertes precipitaciones) hacia el nuevo cauce del río Turia, lo que habría mitigado significativamente los daños ocasionados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

La nueva ley clarifica el régimen jurídico de los núcleos tradicionales legalmente asentados en medio rural, y se ha introducido el uso residencial dotacional en Huerta Grado 3, tanto en los municipios directamente afectados por la riada como en otras localidades que también precisen soluciones frente a la emergencia habitacional.

Esta cuestión es vista por la oposición parlamentaria como una merma en la protección de la huerta que abre la puerta a construir viviendas y dotaciones en este espacio.

Aagesen debe mover ficha

En cualquier caso, el desbloqueo de ambos proyectos obliga al Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido ahora por Sara Aagesen, a ejecutar las obras con celeridad ante futuros episodios de lluvias torrenciales en este área de la provincia de Valencia.

La Generalitat, por su parte, está elaborando una nueva cartografía de las zonas inundadas, actualizando la medición del calado o profundidad del flujo de agua de los ríos Turia, Magro y del barranco del Poyo.

Esta herramienta permitirá delimitar las zonas que han sufrido inundaciones y la altura de calado en cada una de ellas. Además, con esta aplicación se podrán elaborar mapas cartográficos de estas zonas y visualizar de manera clara el territorio afectado y la magnitud de las inundaciones.

Podrá obtenerse, en tiempo real, la información recogida por los técnicos desplazados a la zona de las cuencas del Turia, Magro y el barranco del Poyo, que se volcará a diario en programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para posteriormente crear una cartografía precisa de los eventos de inundación.

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